La mejor jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en sentido favorable a los intereses empresariales durante 2025

Esta es la jurisprudencia del Alto Tribunal más relevante, dictada en sentido positivo para los intereses de las empresas e inversores durante 2025 en relación con sus intereses tributarios, sus obligaciones socio- laborales, sus intereses mercantiles y los de sus administradores, en sus conflictos de litigación o en situaciones de insolvencia

 

Durante 2025 se dictaron importantes pronunciamientos en sentido favorable a los intereses tributarios de las empresas

 

▶ La falta de previsión estatutaria no impide que el abono a los socios de los servicios prestados a la sociedad sea deducible

▶ Cash pooling: el tipo de interés de las cantidades aportadas y de las cantidades percibidas por las entidades participantes debe ser simétrico

▶ Que no conste alta efectiva en el RETA del profesional que presta servicios a la sociedad en que participa, no impide calificar sus rendimientos como derivados de actividad económica

▶ No hay razones para no considerar deducible el IVA proporcional de los suministros de la vivienda que también se utiliza para desarrollar la actividad

▶ A efectos IVA no se requiere cédula de habitabilidad, ni licencia de ocupación o autorización administrativa similar para entender que un edifico es apto utilización como vivienda

▶ La recalificación de una operación a efectos del IVA como no sujeta permite su recuperación directa de la Administración tributaria cuando, de otro modo, sea imposible o extremadamente compleja

▶ No exigida la fehaciencia por la norma, cualquier medio de prueba admisible posibilita la modificación de la base imponible del IVA por impago

▶ La contratación de una persona para que gestione el arrendamiento de inmuebles no exige justificación económica

▶ El fallecimiento del causante que supone que la persona contratada para la gestión del arrendamiento de inmuebles pase a ser comunera no altera su condición como actividad económica

▶ ¿Quién debe probar la responsabilidad subsidiaria de los administradores?. El Tribunal Supremo lo dejó claro: la Administración

▶ No basta con la mera inscripción o la constancia de su condición para derivar al administrador responsabilidad subsidiaria por las infracciones tributarias cometidas por la sociedad

 

En sentido pro empresa también debemos destacar los siguientes pronunciamientos de carácter socio- laboral

 

▶ El Tribunal Supremo sobre el despido a la carta: el despido improcedente no permite una indemnización distinta de la establecida en el ET

▶ Incentivar a los trabajadores con un plus por no incurrir en absentismo es legítimo siempre que las ausencias no estén causadas por enfermedad, conciliación o causen discriminación

▶ Reconocer como tiempo de trabajo el empleado para el desplazamiento desde el domicilio de trabajador al del primer cliente no obliga a hacer lo mismo con la última visita

▶ El concurso de la imprudencia no temeraria del trabajador con la infracción empresarial debe modular el recargo por prestaciones derivado de un accidente de trabajo

▶ Se fijó el criterio con el que indemnizar a los herederos del trabajador que fallece mientras reclamaba una indemnización por daños y perjuicios derivada de enfermedad profesional

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó importantes pronunciamientos que defienden los intereses mercantiles de la empresas o de sus administradores

 

▶ La razonabilidad de la remuneración de los administradores viene determinada por la situación económica de la sociedad en el momento inmediatamente anterior al que se acuerda

▶ El desplazamiento sobre una filial del compromiso asumido por la matriz para el pago una deuda u obligación no responde a una causa ilícita

▶ La comunicación del conflicto de intereses ha de ser expresa; no hacerlo constituye en si mismo un incumplimiento del deber de lealtad del administrador social

▶ Es válido el consentimiento prestado por el liquidador de una sociedad extinguida para hacer valer un derecho adquirido antes de la extinción y que no pudo ejercitarse sino después

▶ El rechazo del concurso voluntario por inexistencia de causa impide considerar la responsabilidad de los administradores por la venta posterior de los activos frente a los acreedores sociales

▶ Cabe acción social de responsabilidad contra los administradores por las sanciones impuestas a la sociedad como consecuencia de sus acciones aun cuando fueran los únicos socios

▶ La alteración sorpresiva en el modo de convocar la junta general no advertida expresamente la hace nula

▶ Un pacto de socios que acuerda una mayoría reforzada cercana al 100 por cien para adoptar acuerdos sociales sobre «materias reservadas» no representa abuso de derecho

 

Estos son los pronunciamientos más interesantes dictados en defensa de los inversores inmobiliarios o de los empresarios en los conflictos derivados de su actividad

 

▶ La obligación del gran tenedor de acreditar si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica es inconstitucional

▶ La prohibición de explotar mediante alquiler turístico una vivienda en propiedad horizontal exige una previsión clara y precisa en los estatutos de la comunidad

▶ El Tribunal Supremo aclaró que las prórrogas de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual aprobadas durante la pandemia no eran acumulativas

▶ El Alto Tribunal también aclaró que la validez del pacto sobre repercusión del IBI al arrendatario no exige especificar el importe anual a la fecha del contrato

▶ El desistimiento anticipado del arrendamiento de local de negocio no pactado permite la indemnización por daños y perjuicios hasta el momento en que razonablemente pudo realquilarse

▶ La extinción de la relación contractual no es óbice para instar la nulidad del contrato

▶ En el transporte sujeto al Convenio CMR también cabe la acción directa del transportista efectivo contra el cargador y los intervinientes en la cadena de subcontratación

 

Y, finalmente, también en favor de los empresarios en crisis se dictaron importantes sentencias que reconocieron sus derechos, minimizando el impacto económico de su situación de insolvencia

 

▶ El TR Ley Concursal se extralimitó al excepcionar de la exoneración del pasivo insatisfecho a los créditos públicos

▶ Los créditos para cuyo cobro se trabaron embargos antes del concurso, incluidos los administrativos, también quedan afectados por el efecto novatorio que supone el convenio

▶ Cuando el crédito tributario se devenga durante el concurso, los recargos de apremio son créditos contra la masa

 

 

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Departamento de Documentación de Garrido