Salvo que se aprueben nuevas medidas en sentido contrario, los contratos permanecen en vigor y las obligaciones pactadas en ellos son, en principio, plenamente exigibles

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España para tratar de detener el avance del Covid-19 son de enorme calado y están repercutiendo decididamente en la población. El grueso de esas medidas se contiene en el Real Decreto 463/2020, por el que se acordó, el 14 de marzo de 2020, el estado de alarma. Dicha norma recoge, por ejemplo, la suspensión de los plazos procesales y de prescripción y caducidad de acciones, pero no hace alusión a la exigibilidad de las obligaciones y contratos de carácter privado.

Esto significa, salvo que se aprueben nuevas medidas en sentido contrario, que los contratos permanecen en vigor y las obligaciones pactadas en ellos son, en principio, plenamente exigibles. Ahora bien, en nuestro ordenamiento y a la vista de los pronunciamientos de nuestros Tribunales en relación con cuestiones puestas de manifiesto en la crisis del año 2008, nos gustaría compartir las siguientes reflexiones:

 

-El estado de alarma no altera la vigencia de los contratos: La excepcional situación que estamos viviendo no altera el régimen legal pactado entre las partes. En consecuencia, las partes están obligadas a cumplir los pactos suscritos entre ellas.

-Los contratos se extinguen por las causas previstas en los contratos y en la Ley: Es por ello, que si una de las partes que ha suscrito un contrato quiere liberarse de sus obligaciones, deberá analizar los pactos que alcanzó, examinando en particular si en el contrato se incluyó alguna medida que previera quién debe de asumir los riesgos en supuestos de fuerza mayor o epidemia que le permita justificar que, en virtud de los pactos suscritos, no tiene obligación de asumir dicho riesgo. De no existir dicha previsión, solo se podrá considerar cumplido el contrato por las causas recogidas en el propio contrato o en el Código Civil (pago o cumplimiento, pérdida de la cosa, condonación de la deuda, confusión de los derechos de acreedor y deudor y compensación o novación).

-La prestación puede ser imposible, física o legalmente, o por fuerza mayor: Cabría plantearse que las restricciones impuestas por el Gobierno pudieran haber convertido la prestación en imposible física o legalmente. En ese caso, el incumplimiento podría estar justificado siempre que la imposibilidad fuera definitiva. Pues bien, cabe señalar que los tribunales han venido sosteniendo que el pago de deudas no puede acogerse a la excepción de imposibilidad física o legal, si bien es cierto que dichos fallos se dictaron en un marco distinto al de la crisis sanitaria que estamos viviendo.  

En segundo lugar, el incumplimiento de una obligación podría estar justificado por una causa de fuerza mayor. La respuesta a la pregunta sobre si el Covid-19 es una causa de fuerza mayor exige analizar cada contrato en particular, la fecha en la que las partes se obligaron –para juzgar si, en ese momento, la causa era o no previsible–, y si en el contrato se pactó qué parte asumiría el riesgo de una situación como la actual.

-La alteración sobrevenida de las circunstancias permitiría modificar o resolver el contrato: La imposibilidad de cumplir y la fuerza mayor son excusas para justificar un incumplimiento, pero la jurisprudencia ha desarrollado un mecanismo, la denominada cláusula rebus sic stantibus, que permite a la parte que se considera perjudicada alegar que el contrato se ha convertido en excesivamente oneroso dadas las actuales circunstancias, que no pudieron ser previstas cuando se firmó el contrato, motivo por el que podrá solicitar su modificación o, incluso, su resolución.

Es por ello que a fin de poder determinar si aplica dicha cláusula rebus sic stantibus  es preciso  analizar en cada caso el contrato suscrito y así poder analizar si en él las partes hicieron constar cómo fijaron sus respectivas prestaciones, si previeron algún mecanismo para modificar o ajustar las prestaciones en función de dichas circunstancias, y también su condición de expertos conocedores del riesgo asumido. 

Si se concluyese a la vista del contrato que aplica la citada cláusula, ambas partes deberán soportar los efectos que se deriven. Y ello, porque que es posible que pueda provocar la modificación de los términos del contrato (que necesariamente debe ser acordada por las partes) o la liberación de ambas partes (con la consiguiente resolución del contrato). En nuestra opinión, esta cláusula no faculta a que una parte imponga la suspensión automática de efectos del contrato por ella suscrito obligando a la otra parte a consentirlo. El acuerdo es necesario.

-Especial referencia a los contratos de arrendamiento: A la vista de lo anterior ¿Qué sucede con los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda?

1.-Los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda no se ven afectados por el Real Decreto 463/2020, de modo que siguen plenamente vigentes y sus obligaciones son exigibles, según lo dispuesto en ellos.

2.-Los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda pueden modificarse en cualquier momento por voluntad de las partes, acomodando las obligaciones a la situación actual, de acuerdo con un principio de libertad de pactos

3.-Si no hubiera acuerdo entre las partes para modificar o poner fin al contrato, las partes podrían eventualmente justificar el incumplimiento de sus obligaciones acudiendo, si se cumplen los requisitos, a las excepciones de fuerza mayor o imposibilidad física o legal, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.

4.-De producirse una alteración sustancial de las circunstancias se podría solicitar a la contraparte que el contrato se modifique. Para saber si esa posibilidad existe será necesario analizar si las partes previeron en el contrato las circunstancias en virtud de las cuales contrataron, si pactaron mecanismos para resolver situaciones de fuerza mayor u otros mecanismos de ajuste del precio del arrendamiento (por ejemplo, una renta variable en función de las ventas), puesto que esos pactos prevalecerán.

5.-La alteración sustancial de las circunstancias no faculta a una de las partes a imponer unilateralmente una modificación de las obligaciones pactadas, suspendiendo por ejemplo la del pago de la renta hasta que el estado de alarma concluya. Esa posibilidad no deriva de las normas promulgadas por el Gobierno y no está amparada en nuestro ordenamiento. 

6.-El mero retraso o el cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato no facultaría a la contraparte para poner fin al contrato por incumplimiento. En todo momento, lo relevante es la voluntad de cumplir y la demostración de buena fe, aunque la situación actual no permita un cumplimiento puntual y perfecto del contrato.

7.-En el caso de que las medidas adoptadas por el Gobierno estén impactando en la economía de una de las partes del contrato y el impacto le impida cumplir las obligaciones asumidas en él, nuestra recomendación es que se ponga en contacto, a la mayor brevedad posible, con la otra parte, dejando constancia de ese hecho, y le solicite alcanzar un acuerdo para modificar el contrato sobre la base de los principios generales del Derecho: buena fe y equilibrio de prestaciones.

 

La novedad y la gravedad de la situación aconsejan un análisis detenido de los contratos suscritos para proteger de la mejor forma los intereses en conflicto. 

 

 

Manuel Álvarez Díez

Director del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrido Abogados

 

 

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