La declaración del estado de alarma en el ámbito de la Administración de Justicia vino acompañada de la suspensión generalizada de los términos y plazos procesales, tan solo excepcionada por las actuaciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución, que regula el derecho a la tutela judicial efectiva.

Como consecuencia de todo ello, la Administración de Justicia ha sufrido una importante demora en la tramitación de actuaciones y procedimientos que exige la adopción de medidas que procuren una salida ágil de la situación cuando se produzca el levantamiento de la suspensión. Asimismo, deben adoptarse medidas en previsión del aumento de litigiosidad que se originará como consecuencia de las medidas extraordinarias que se han adoptado y de la propia coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria.

Pues bien, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia materializa el conjunto de medidas que se han arbitrado para hacer frente a esta situación fáctica de nuestro sistema de justicia.

 

En concreto, las medidas adoptadas pueden clasificarse del siguiente modo:

 

MEDIDAS PROCESALES GENERALES

 

Habilitación de plazos procesales

Se habilitan los días 11 a 31 de agosto de 2020 para la realización de trámites para todo tipo de actuaciones procesales al calificarlas todas como urgentes para esos días.

Se exceptúan los sábados, domingos y festivos.

 

Cómputo de plazos procesales

  • Los plazos procesales que se hubieran iniciado antes del día 14 de marzo de 2020 volverán a computarse desde el principio a partir del 10 de mayo de 2020 -para la mayoría de los plazos a partir del día 11 de mayo de 2020 dado que el día 10 de mayo de 2020 es inhábil-.
  • Los plazos para el anuncio, preparación, formalización de interposición de recursos frente a sentencias y resoluciones que conforme a las respectivas leyes procesales pongan fin al procedimiento respectivo y que hayan sido notificadas entre el 14 de marzo de 2020 y los 20 días hábiles siguientes al levantamiento del estado de alarma que determina el levantamiento de la suspensión de plazos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora. Evidentemente, quedan al margen de esta previsión los procedimientos expresamente excluidos de la suspensión por la declaración del estado de alarma, que seguirán su iter procesal natural.

 

Modificación de tramitación de procedimientos

Familia

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta 3 meses después de su finalización, se decidirán a través de un procedimiento especial y sumario las siguientes demandas:

  • Las que versen sobre pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente, como consecuencia de las medidas relacionadas con el COVID-19.
  • Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el Covid-19.
  • Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos, cuando dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el Covid-19.

Expedientes de regulación de empleo –ERTEs-

Las demandas que versen sobre las suspensiones y reducciones de jornada adoptadas en el marco del RDLey 8/2020, se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo.

 

Tramitación preferente de procedimientos

Se tramitarán de forma preferente los siguientes tipos de procedimientos:

  • Los relativos a procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria.
  • Falta de reconocimiento de moratoria legal de viviendas e inmuebles afectos actividades económicas.
  • Denegación de ayudas relacionadas con la crisis Covid-19.
  • Expedientes de despido o extinción de contrato.

 

MEDIDAS CONCURSALES Y SOCIETARIAS

  •  Posibilidad de presentar una propuesta de modificación de convenios en cumplimiento durante el plazo del año siguiente a la declaración del estado de alarma.
  • Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación durante el año siguiente desde la declaración del estado de alarma aun conociendo la imposibilidad de cumplir los plazos de pago comprometidos siempre que el deudor presente una propuesta de modificación de convenio y esta se admita.
  • Los deudores que tengan homologados acuerdos de refinanciación pueden poner en conocimiento del juzgado que han iniciado o pretenden iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.
  • Hasta el 31 de diciembre de 2020 se suspende el deber de solicitar el concurso incluso aunque se hubiera comunicado al juzgado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación.
  • Hasta el 31 de diciembre de 2020 no se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma.
  • Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio se estará al régimen general.
  • Para concursos que se declaren hasta el 14 de marzo de 2022 se calificarán como créditos ordinarios las financiaciones concedidas por las personas especialmente relacionadas con el concursado a partir del 14 de marzo de 2020. Esta misma regla aplica para las subrogaciones de deuda por personas especialmente relacionadas.
  • Si a 29 de abril de 2020 no se hubiera presentado el inventario y la lista provisional de acreedores y durante 2 años en los incidentes frente a los mismos sólo se admitirán pruebas documentales y periciales. Salvo para acreedores públicos la falta de contestación a la demanda se entenderá allanamiento.
  • Se tramitarán de forma preferente: a).-Incidentes laborales; b).-Enajenación unidades productivas; c).-Modificación de propuestas de convenio; d).-Acciones de reintegración; e).-Homologaciones y f).-Adopción de medidas cautelares.
  • En los concursos que se declaren hasta el 14 de marzo de 2021 y en los que se encuentren en tramitación, la subasta de bienes y derechos de la masa activa se realizará de forma extrajudicial.
  • Se ordena la tramitación inmediata de las solicitudes de planes de liquidación.
  • A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del TRLSC no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020. Asimismo, si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de 2 meses a contar desde el cierre del ejercicio la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS JUDICIALES

  • Se prioriza el uso de medios telemáticos.
  • Sólo se podrán realizar preguntas y trámites presenciales en los juzgados y tribunales de forma extraordinaria y previa cita.
  • Se habilitan turnos de mañana y tarde en la Administración de Justicia.
  • Se dispensa del uso de togas hasta tres meses después de la finalización del estado de alarma.

 

REGISTRO CIVIL

Se concede una prórroga automática de un año para celebrar matrimonios en los que hubiera recaído resolución estimatoria antes del estado de alarma.

 

MEDIDAS RELATIVAS AL ARRENDAMIENTO DE LOCALES

Se amplía de 1 a 3 meses el plazo para que el arrendatario solicite el aplazamiento temporal de las rentas.

Anteriormente el plazo finalizaba el 1 de mayo de 2020 y ahora finalizará el 1 de julio de 2020.

 

 

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