Superado el regreso a la actividad económica y judicial tras la finalización del estado de alarma, se aprueban las nuevas medidas que regirán las actuaciones procesales hasta 20 de junio de 2021 así como medidas específicas respecto de los procedimientos relacionados con las situaciones más afectadas por la crisis: los laborales y los relativos a la insolvencia empresarial

Como la propia norma nos recuerda, como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de la limitación en la libertad de movimientos que llevó aparejada, la Administración de Justicia sufrió una ralentización significativa que hizo necesaria, tras el levantamiento de la decisión, adoptar medidas procesales y organizativas, que fueron articuladas a través del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril -que se deroga con la nueva norma aprobada- con el objeto de hacer posible una salida ágil y efectiva a la acumulación de procedimientos suspendidos que se había producido, a los que añadir la ingente cantidad de nuevos procedimientos que se había producido por el aumento de litigiosidad derivado de la crisis propiamente dicha.

Sin embargo, en este momento, superado el estado de alarma y sus limitaciones, la Administración de Justicia se enfrenta a un escenario distinto y debe adaptarse a la situación generada por la crisis, satisfaciendo por un lado los derechos y necesidades de la ciudadanía como usuaria del servicio público que presta en ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, y garantizando por otro tanto su derecho a la salud como el del conjunto del personal y profesionales del sector de la Justicia. 

En consecuencia, se aprueba un nuevo concepto organizativo que permite enfrentar el servicio público que presta a la “nueva normalidad” con la que tendremos que convivir todos con carácter general durante un tiempo, por ahora, sin fecha final definida. 

La nueva norma, esta vez en forma de ley, contiene asimismo nuevas normas o ampliación temporal de las existentes respecto de situaciones jurídicas y económicas que gozan de viabilidad más allá de la crisis. 

Su entrada en vigor se ha producido el 20 de septiembre de 2020, por lo que sus normas se aplicarán a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de esa fecha, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que aquellas se produzcan, salvo las actuaciones procesales iniciadas conforme a lo previsto en los artículos 3 a 5 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril,  a que antes se ha hecho referencia, en materia de familia (régimen de visitas, custodia compartida, o cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos afectadas por el Covid-19), que se regirán conforme a dichos artículos hasta su conclusión. 

 

Medidas de carácter procesal: tramitación preferente de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso-administrativo directamente surgidos de la crisis sanitaria 

  • Tramitación mediante la modalidad procesal de conflicto colectivo de las demandas sobre suspensiones y reducciones de jornada que afecten a más de cinco trabajadores tramitadas por causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas y de producción) conforme a lo dispuesto en el art. 23 Real Decreto ley 8/2020 (Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19), para los que se reconoce asimismo legitimación activa a la comisión representativa prevista en la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del Covid-19. 
  • Tramitación preferente de determinados procedimientos. Se tramitarán con preferencia una serie de expedientes y procedimientos tanto en el orden civil (relativos a hijos menores o a las moratorias relacionadas con la vivienda habitual o los inmuebles afectos a la actividad), contencioso-administrativo (recursos contra la denegación por las Administraciones públicas de ayudas y medidas aprobadas a raíz de la crisis, entre otros), como por supuesto laboral (procesos por despido o extinción de contrato, derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido recuperable, procedimientos por aplicación del plan MECUIDA, procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los ERTEs instados por fuerza mayor o causas ETOP conforme a lo establecido en los arts. 22 y 23 Real Decreto-ley 8/2020 antes citado, o los que se sustancien para hacer efectiva o adecuar las condiciones de trabajo a la modalidad de trabajo a distancia). Téngase en cuenta que la preferencia de estos procedimientos no es en todo caso universal, sino que en algunos casos lo es sin perjuicio del carácter preferente de otros procedimientos de acuerdo con las leyes procesales. 

 

Medidas concursales y societarias: fomento de la continuidad de las empresas viables, mejora del acceso a la financiación, agilización del procedimiento concursal 

La crisis sanitaria ha constituido un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede marcar la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable.  

Para ello, esta ley arbitra nuevas medidas, a añadir a las previamente establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020 (Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19), con una triple finalidad:  

  • Mantener la continuidad económica de las empresas, profesionales y autónomos que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado. Para estos deudores, se arbitran medidas como el aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación hasta el 14 de marzo de 2021 cuando, durante la vigencia del convenio, conozcan la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación y presenten una propuesta de modificación del convenio que sea admitida a trámite dentro de dicho plazo; o se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado -respecto de estos últimos se permite además la presentación de nueva solicitud sin necesidad de que transcurra un año desde la presentación de la anterior- hasta el 14 de marzo de 2021
  • Potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez. Así, se calificarán como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del ya aprobado por el juez. Asimismo, con el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, se califican como ordinarios los créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma (hasta el 22 de marzo de 2022). 
  • Agilizar el proceso concursal en previsión de un aumento de litigiosidad en relación con la tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia, estableciendo nuevas normas como la no necesidad de celebración de vistas, la confesión de la insolvencia, la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados actos e incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación). 

Asimismo, se incluyen dos normas que tratan de atenuar temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación de las normas generales sobre la disolución de sociedades de capital y la declaración de concurso en la actual situación, con el fin de evitar declaraciones de concurso o apertura de la fase de liquidación respecto de empresas que pueden ser viables en condiciones generales de mercado: 

  • Ampliación de la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020. La Ley deroga el art. 43 del Real Decreto-ley 8/2020 (Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19), que establecía la suspensión del deber de solicitar el concurso durante la vigencia del estado de alarma y el impedimento a los jueces de admitir a trámite solicitudes de concurso necesario hasta transcurridos dos meses desde la finalización de dicho estado. 
  • No computar a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas las generadas durante el presente ejercicio, sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso.  Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio, la celebración de junta general para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente. 

 

Medidas de carácter organizativo y tecnológico: prestación personal excepcional del servicio de administración de justicia y fomento del uso de las nuevas tecnologías en la prestación del servicio 

La ley incluye medidas de carácter organizativo aplicables hasta el 20 de junio de 2021 inclusive –salvo que se mantenga la situación de crisis sanitaria-, como

  • Preferencia de la celebración de actos procesales mediante presencia telemática de los intervinientes y siempre y cuando los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello, salvo en procedimientos por delitos graves en el orden penal, o cuando las acusaciones interesen la prisión provisional o se solicite pena de prisión superior a dos años. 
  • Limitación del acceso del público a las actuaciones orales en función de las características de las salas de vistas. Eso sí, cuando se disponga de los medios materiales para ello, se podrá acordar la emisión de las vistas mediante sistemas de difusión telemática de la imagen y el sonido. 
  • Establecimiento de un sistema de atención al público mediante videoconferencia, telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, limitando la atención presencial a los supuestos estrictamente necesarios y únicamente mediante cita previa. 
  • Creación de unidades judiciales para el conocimiento de asuntos derivados del Covid-19, mediante la transformación de los órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor de la Ley en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al Covid-19, o anticipando la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales correspondientes a la programación de 2020 y dedicando todos o algunos de ellos con carácter exclusivo al conocimiento de esos procedimientos. 
  • Celebración de juicios y vistas en horario de mañana y de tarde como consecuencia de la distribución temporal de la prestación de servicios por el personal de las oficinas judiciales a lo largo de toda la jornada, que está sometida a la previa negociación colectiva con las organizaciones sindicales. 
  • Dispensa de la utilización de las togas por las partes que asistan a actuaciones orales en las audiencias públicas. 

Y medidas de mejora tecnológica como: 

  • Unificación de la publicación de resoluciones y comunicaciones en el Tablón Edictal Judicial Único, publicado electrónicamente por la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, eliminando su dispersión en tablones de anuncios y distintos boletines oficiales. 
  • Fomento del acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios electrónicos en la Administración de Justicia. 

 

Disposiciones de planes de pensiones por autónomos 

Se amplía la posibilidad del acceso a los fondos acumulados en los planes de pensiones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 por ciento en su facturación como consecuencia de la situación de crisis sanitaria, manteniéndose para todos los demás requisitos las normas aprobadas durante el estado de alarma. 

 

Ley 3/2020 (Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia) 

 

Departamento de Documentación de Garrido Abogados

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