Se desmarca con ello, al menos a primera vista, de las recomendaciones de la OCDE

Conforme a lo dispuesto en el art. 9 Ley 35/2006 (Ley IRPF) una persona física será considerada residente fiscal en España, en un determinado período impositivo, en la medida en que resulte aplicable alguno de los criterios que establece, entre ellos la permanencia de más de 183 días, durante el año natural en territorio español, computándose, a tal efecto, las ausencias esporádicas, y salvo que se acredite la residencia fiscal en otro país.

Asimismo, la residencia fiscal en España se determina, con arreglo a lo expuesto, en cada período impositivo, el cual coincide con el año natural, salvo en el caso de fallecimiento del contribuyente.

Pues bien, señala la DGT, que esta norma no decae en supuestos como el de consulta, en que los contribuyentes se vieron obligados a permanecer en territorio español más de 183 días por sorprenderles en él la declaración del estado de alarma.

La DGT adopta así una posición contraria a la planteada por la OCDE, que recomendaba a los Estados, dadas la singularidad de las razones, obviar la permanencia obligada por las circunstancias sanitarias y de orden público, entendiendo que lo que procede es analizar la duración, regularidad de las estancias y de las rutinas de la vida del contribuyente en un periodo más amplio, valorando como excepcionales las circunstancias que se derivan del Covid-19.

Como puede deducirse, justo lo opuesto a lo que la Dirección General de Tributos ha interpretado en el supuesto de consulta, por cuanto considera residentes a los contribuyentes por el mero hecho de haber permanecido en territorio español más de 183 días, ignorando que nunca han tenido ese periodo de permanencia y que no obtienen rentas en España.

También es cierto que si descendemos al supuesto concreto –matrimonio residente en el extranjero que llega España en enero de 2020 para un viaje de 3 meses pero que (según señala la consulta) debido al estado de alarma no ha podido regresar a su Estado de residencia-, tal vez la respuesta no sea tan díscola con el criterio de la OCDE en aplicación al caso concreto: efectivamente, la permanencia ha superado los 183 días y aplicando la interpretación estricta de la DGT, se ha adquirido la residencia fiscal, pero lo cierto es que la movilidad ya se ha recuperado y, salvo que Líbano no admita entradas en su país provenientes de España, el regreso no habría sido imposible.

Quedaría en el aire saber qué resolvería nuestro órgano consultivo en un supuesto de continuación de la fuerza mayor -esta vez aplicada a la imposibilidad de regreso al Estado de residencia habitual-, si bien, a falta de pronunciamiento específico, el vertido en esta consulta sirve: la residencia en España se adquiere.

(Consulta DGT, n.º V1983/2020, de 17-06-2020)

 

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