La “fuerza mayor” que puede derivarse de la eventualidad de un contagio por Covid-19 -ya sea propio o de allegados-, o del hecho de decretarse el confinamiento -que puede “aislar” involuntariamente a una persona en España-, pueden alterar de hecho las reglas de la residencia de un contribuyente en España.

El Economista publica un artículo de Juan Osuna Marco y de María Company Salvá, asociado senior y asociada respectivamente de nuestro Departamento Fiscal, sobre esta interesante cuestión.

En efecto, el imperativo que se deriva de las circunstancias que estamos viviendo a raíz de la crisis sanitaria y de las decisiones administrativas que han tenido que adoptarse pueden obligar a un ciudadano a mantenerse en España y alterar con ello el periodo de 183 días que lo situaría dentro de nuestra jurisdicción fiscal. Hablamos de personas que tenían previsto pasar un tiempo considerable en territorio español y que sumado al derivado del Covid-19 les hace superar el límite, o de personas que ya habían pasado un número importante de días y que ahora deben sumar los del confinamiento e incluso los de un eventual contagio y posterior cuarentena. Esas personas ¿pueden ser consideradas residentes fiscales en España?.

Se trata de una cuestión que causa preocupación hasta el punto de que incluso la OCDE ha invitado a los Estados a que intervengan y a que aclaren sus posiciones a este respecto, entendiendo que, en este caso, no habría que estar a los días de permanencia, sino que lo que procede es analizar la duración, regularidad de las estancias y de las rutinas de la vida del contribuyente en un periodo más amplio, valorando como excepcionales las circunstancias que se derivan del Covid-19.

Reino Unido, Irlanda o Australia ya han tomado medidas y en ellas se muestran tendentes al proteccionismo de sus contribuyentes, lo que puede provocar conflictos internacionales entre los contribuyentes desplazados, si bien -como apuntan Osuna y Company- los ciudadanos afectados cuentan una gran baza, que es la de la seguridad jurídica -conocen de primera mano lo que sus Estados de referencia interpretan al respecto de la situación de aislamiento internacional en que se encuentran-, situación que se espera propicie nuestra Administración tributaria.

 

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