Lo que prueba a juicio del Tribunal Supremo es la intención de la empresa de utilizar la normativa excepcional de regulación de empleo surgida con ocasión de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 para eludir el cumplimiento de las garantías pactadas en el ERTE anterior

Los hechos más destacados que se deducen de este procedimiento son los siguientes:

-Cuando ocurrió la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el grupo empresarial estaba dotado de un instrumento de flexibilidad interna para solventar crisis productivas, cual era un ERTE aprobado en 2009, que se encontraba prorrogado hasta el 31/12/2021. Dicho ERTE imponía a las empresas que entonces lo suscribieron no afectar más que un porcentaje determinado de trabajadores por empresa y se imponían como garantías adicionales que la empresa garantizaría a cada trabajador o trabajadores afectados por el ERTE el 90% de las retribuciones brutas que le corresponderían trabajando en su régimen de trabajo en su jornada ordinaria con arreglo a las tablas salariales vigentes, así como que la suspensión del contrato no mermaría el derecho al disfrute íntegro de las vacaciones, ni la retribución correspondiente, ni supondría disminución alguna del importe de las pagas extraordinarias.

-A pesar de ello se promovió un procedimiento de suspensión de contratos y reducción de al amparo del art. 23 RDLey 8/2020 (Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19), invocándose causas productivas, señalando en la memoria que la crisis sanitaria vino a agudizar la situación de crisis productiva que venía arrastrando el grupo, y económica, generando pérdidas en el grupo que podían agudizarse aún más de no adoptarse unas medidas de reducción de costes, por lo que la empresa entendió que el ERTE anterior no era eficaz.

-A fin de acreditar la causa económica, para el cálculo del EBIDTA del grupo –que no consolida cuentas como tal-, el Informe Técnico presentado al inicio del periodo de consultas toma en consideración únicamente aquellas sociedades que presentan cuentas en España, pero no de aquellas dos que consolidan cuentas con otras sociedades y presentan las cuentas consolidadas en Luxemburgo, dándose la circunstancia de que estas dos sociedades, tienen beneficios y han repartido dividendos en los años 2018 y 2019.

-Finalmente, y a la hora de entregar las cuentas de las sociedades que integran el grupo laboral, la empresa en lugar de entregarlas en papel o en un soporte informático fácilmente gestionable, hace remisión a un «share point» donde aparecen desordenadas, en algunos casos incompletas y en otros en idioma distinto del castellano, lo que fue denunciado por las organizaciones sindicales, sin que conste que se remediara por parte de la empresa.

Pues bien, a juicio del Tribunal Supremo presentarse en la negociación como un grupo laboral de empresas e invocar una causa económica cual es la previsión de pérdidas futuras y, a la hora de presentar la situación económica del grupo, prescindir del cómputo de aquellas sociedades que reparten beneficios bajo el pretexto de que las mismas consolidan cuentas en grupo extranjero, con la evidente intención de minorar las garantías establecidas en el ERTE que ya estaba vigente en la empresa, evidencia el fraude de ley que se denuncia en las demandas de los sindicatos, en tanto que la empresa ha utilizado la normativa excepcional de regulación de empleo surgida con ocasión de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 para eludir el cumplimiento de las garantías pactadas con la RLT en el ERTE aprobado en 2009 y en sus sucesivas prórrogas, constatándose que se ha utilizado el art. 23 del RDLey 8/2020 para eludir el cumplimiento de lo pactado.

Si además resulta que las cuentas de las sociedades se presentan incompletas, como es el caso, y que la crisis productiva que se refiere en el informe técnico no es consecuencia de la pandemia, sino que ya viene latente durante todo el ejercicio 2019, se constata el defectuoso cumplimiento de los deberes de información y documentación por parte de la empresa, lo cual hace inviable que el periodo de consultas se desarrolle con arreglo a las exigencias de la buena fe.

Finalmente, constata la mala fe patronal en la negociación el hecho de que la empresa presentara un ERTE por fuerza mayor relacionada con el Covid-19, al amparo del art. 22 del RD Ley 8/2020 -que fue denegado por la autoridad laboral y sobre el que está pendiente de resolverse recurso de casación al dictado de esta sentencia-, pendiente durante la tramitación de las consultas y que durante las mismas se amenazara a la representación social con realizar entre 50 y 100 despidos en caso de no alcanzarse un acuerdo.

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 991, de 2 de noviembre de 2021, recurso n.º 90/2021)

 

Departamento de Documentación de Garrido