Lo que resulta también aplicable aunque el procedimiento se haya iniciado tras la declaración del estado de alarma, pero antes de publicarse las normas específicas sobre tales suspensiones a través del RDLey 8/2020

La discusión que se llevó a instancias del Tribunal Supremo en esta ocasión fue la de si, a la luz del Real Decreto-Ley 8/2020 (Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19), en un procedimiento de suspensión colectiva de los contratos de trabajo (ERTE) por causa del Covid-19, la petición de informe a la Inspección de Trabajo suspende el plazo que tiene la autoridad laboral a fin de apreciar la concurrencia de la fuerza mayor y a efectos de apreciar la existencia de silencio positivo.

La citada norma estableció que la resolución de la autoridad laboral sobre la concurrencia de fuerza mayor en los ERTEs derivados del Covid-19 se debía dictar en el plazo de cinco días desde la solicitud por parte de la empresa, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y que debía limitarse a constatar la existencia, cuando procediera, de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirían efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor –ex art. 22.2.c)-.

Esa norma entró en vigor el 18 de marzo de 2020, el mismo día de su publicación, no resultando aplicable a los expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o comunicados antes de su entrada en vigor de este y basados en las causas previstas en el mismo.

Pero el ERTE que está tras el litigio fue instado por la empresa con fecha 17 de marzo de 2020 y, por lo tanto, queda al margen de las especialidades contempladas en el art. 22.1 RDL 8/2020, entre las que se encuentra el carácter facultativo del Informe de la Inspección de Trabajo, resultándole de aplicación lo dispuesto en el RD 1483/2012 (Procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada), que determina su preceptividad y establece también el plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

Pues bien, a juicio del Tribunal Supremo la finalidad del Informe solicitado a la Inspección de Trabajo es la misma en los casos anteriores que en el caso de ERTEs ya completamente sujetos a las reglas del RDLey 8/2020. Y es que la regla intertemporal del RDL aboca a que los ERTEs por fuerza mayor ya comunicados a su entrada en vigor estén afectados por la delimitación contenida en su artículo 22.1; en especial, si su causa directa radica en el listado de circunstancias enumeradas «tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor».

La extraordinaria situación de emergencia declarada por el RD 463/2020 requirió medidas tan excepcionales como la propia vigencia de la norma, señala. En ese escenario, la dilación de un procedimiento administrativo dirigido a constatar la concurrencia de la fuerza mayor solo cabría justificarla si concurrieran dos circunstancias: una expresa previsión normativa y la valoración de si la misma se ve afectada por la excepcional situación derivada del estado de alarma.

Pues bien, esa previsión normativa no existe; lo máximo que se establece a este respecto es que cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración- art. 22.1 Ley 39/2015 (Ley Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), como sucede en este caso, es que el plazo de referencia «se podrá suspender», lo que no se ha acreditado por la Dirección General de Trabajo recurrente.

Por tanto, debe entenderse que en casos como éste se ha producido la estimación de la solicitud empresarial por silencio administrativo positivo, y en consecuencia debe entenderse estimada tal solicitud, no pudiendo la Administración dictar eficazmente, con posterioridad al transcurso del citado plazo, una resolución expresa que contravenga lo estimado por silencio administrativo positivo, pues ya se habría producido el acto presunto estimatorio.

Así las cosas, y cumpliendo su función de unificar doctrina el Tribunal Supremo concluye que el plazo de que dispone la autoridad laboral para constatar la fuerza mayor en un ERTE asociado al Covid-19 no queda automáticamente suspendido durante el tiempo en que se solicita y emite el Informe de la Inspección de Trabajo, aunque el procedimiento se haya iniciado tras la declaración del estado de alarma, pero antes de publicarse las normas específicas sobre tales suspensiones (RDLey 8/2020).

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1ª, de 23 de junio de 2022, recurso n.º 1410/2021)

 

Departamento de Documentación de Garrido