El Tribunal Supremo corrige la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos en la materia apoyándose en la jurisprudencia europea al justificar que no se aplique en toda su intensidad el artículo 18 CE

Los hechos enjuiciados en esta sentencia vienen protagonizados por una persona física que instó el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos frente a una empresa que presta servicios como motor de búsqueda en internet, al entender que la vinculación que tal motor de búsqueda hacía de algunas informaciones relativas a su persona vulneraban su derecho a la protección de datos.

La Agencia Española de Protección de Datos entendió en su resolución del caso que esa persona debía quedar protegida por el “derecho al olvido”. No obstante, la Audiencia Nacional, en la impugnación que hace la entidad de la resolución de la AEPD viene a estimar el recurso planteado y, en consecuencia, la anula al considerar que, ponderando los intereses en conflicto, prevalece el interés de la información sobre el derecho a la protección de datos -en su vertiente de derecho al olvido-, considerando que la información se refiere a la actividad profesional del interesado, y considerando el tiempo transcurrido desde la publicación de la información.

Frente a esta sentencia el particular planteó recurso de casación, donde la cuestión con interés casacional objetivo consistió en precisar el contenido de los factores de ponderación relativos a la relevancia pública de la información, y del derecho a la protección de datos de carácter personal.

Comienza su razonamiento el Tribunal Supremo recordando el concepto del derecho al olvido, es decir, el derecho a la retirada de enlaces de una lista de resultados cuando el criterio de búsqueda es el nombre de una persona física. Tal derecho tiene como finalidad “permitir a toda persona construir su vida sin la carga del pasado, por no concurrir un interés o utilidad social que justifique las consecuencias negativas asociadas a la publicidad de una noticia legítimamente divulgada en el pasado, cuando el trascurso del tiempo ha diluido el interés público subyacente en el mismo”. Ese derecho al olvido se articula sobre el fundamento de que ciertas informaciones del pasado “no continúen siendo difundidas cuando son capaces de provocar más daños que beneficios, de modo que hechos públicos, por razón del paso del tiempo, vuelven al área de privacidad o reserva, la esfera privada”.

A este concepto la Agencia Española de Protección de Datos añade la posibilidad de limitar la difusión de datos personales, incluso cuando la publicación original sea legítima, cuando “la difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas”.

El Tribunal Supremo hace en su sentencia un llamamiento a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha afirmado que el tratamiento de datos personales realizado por una página web cuya función es ser un motor de búsqueda de internet puede afectar a los derechos fundamentales respecto de la vida privada y la protección de datos personales cuando la búsqueda realizada a partir del nombre de la persona física permite que cualquier interesado pueda conocer mediante la lista de resultados información relativa a aspectos de su vida privada.

Matiza el TJUE que, aunque con carácter general prevalecen los derechos personalísimos sobre el interés de los internautas, el equilibrio entre ambos derechos depende de la naturaleza de la información de que se trate y del carácter “sensible” de la información para la vida privada de la persona afectada, así como del interés público en disponer de la información.

Precisamente en ese argumento fundamenta su decisión sobre este caso concreto el Tribunal Supremo: en que la información que aparece en el buscador de internet no versa sobre aspectos de la vida privada del afectado sino sobre su ámbito profesional. En concreto, la información a la que se refiere la solicitud de cancelación de datos personales se refiere exclusivamente al ámbito de la actividad empresarial de la persona física, así como a ciertos hechos que tuvieron lugar en relación con la labor de dirección de una sociedad mercantil, criterio que debe servir para modular la intensidad del derecho a la protección de datos.

En concreto, considera el Alto Tribunal, que la información facilitada por el buscador de internet no afecta al derecho a la intimidad personal y familiar del recurrente en casación ya que, desde una perspectiva objetiva “la noticia sobre el recurrente presenta un diferente alcance y significado, pues se centra en la labor empresarial que presenta un claro interés público para la sociedad”. Por tanto, al referirse exclusivamente a la faceta profesional del interesado hace justificable que no se aplique en toda su intensidad el artículo 18 de la Constitución, ya que no afecta ni a la vida personal ni familiar del recurrente, actuando en este caso dicho elemento como modulador de la protección dispensada por el citado precepto constitucional.

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, de 17 de septiembre de 2020, recurso nº 2099/2019)

 

Departamento de Documentación de Garrido