Si bien el Estatuto de los Trabajadores no obliga a justificar las razones del desistimiento empresarial, también es cierto que la conducta empresarial debe acomodarse obligatoriamente a las exigencias de buena fe, no amparando la ley el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo

La situación de hecho sometida a debate en esta sentencia era la eventual nulidad del despido colectivo producido de facto en una entidad con una plantilla de 180 trabajadores durante el estado de alarma derivado del Covid-19, al considerarse que se había producido un despido de hecho por extinguir anticipadamente la empresa 6 contratos temporales, cesar a 25 trabajadores por supuesta falta de superación del periodo de prueba y despedir a otros 34 trabajadores fijos, durante el periodo transcurrido entre el 16 de marzo y el 3 de abril de 2020, superando con creces el número de extinciones por el que el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores obligaba a promover el correspondiente despido colectivo, recordemos, en un periodo de 90 días:

-10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

-El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.

-30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.

El despido de hecho no es otro, tal y como ha señalado la jurisprudencia previa del Tribunal, que el acaecimiento de una serie de extinciones de contratos que, siendo realmente colectivas, se formulan sin seguir las reglas de procedimiento establecidas al efecto en el citado artículo 51 ET, constituyendo doctrina reiterada y pacífica de la Sala la de que, si en un período de 90 días, que habrá de computarse hacia adelante y hacia atrás desde el último despido producido por causas no inherentes a la persona del trabajador, se superaran los umbrales numéricos del citado artículo, se produciría un despido colectivo.

Así las cosas, ninguna duda le cabe al tribunal de que sea aplicable ese concepto al caso de autos, contribuyendo a esa conclusión todos los despidos, incluidos los de los trabajadores temporales -al no quedar probada por la empresa la razón de su extinción- y los de aquellos que la empresa consideró que no habían superado el periodo de prueba –pues, aun cuando sea cierto que el Estatuto de los Trabajadores permite la extinción del contrato durante el período de prueba sin necesidad de motivar las razones del desistimiento empresarial, no obstante esa extinción contractual debe acomodarse obligatoriamente a las exigencias de buena fe, no amparando la ley el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo-.

La conclusión final no es otra que todas esas extinciones constituyeron un claro abuso de derecho por parte de la empresa, al ser totalmente irrazonable y desproporcionado que se extinguiera un número tan alto de contratos por esta causa al mismo tiempo, sin que por otro lado la empresa haya intentado acreditar mínimamente las razones de una medida tan extravagante, y sin que constituyan causa de justificación las supuestas quejas de algunos trabajadores porque consideraban que no se aseguraba su salud durante la pandemia –teniendo que prestar sus servicios sin EPIS-, siendo revelador para el tribunal que la propia empresa intentara introducir en el relato fáctico que las extinciones controvertidas se basaron en una bajada generalizada del rendimiento.

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1ª, de 23 de septiembre de 2021, recurso n.º 92/2021)

  

Departamento de Documentación de Garrido