Se trata de un grave incumplimiento de las obligaciones empresariales y es causa justa para que el trabajador solicite la resolución del contrato de trabajo a petición del trabajador

Se discutía en el recurso de casación para la unificación de doctrina que da origen a este pronunciamiento si procedía la extinción causal del contrato de trabajo cuando la empresa abona una parte de las retribuciones sin declarar ante los organismos competentes de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública.

En el caso de autos, los tres trabajadores demandantes prestaron sus servicios como peones agrícolas (desde 1993 o 1997), con carácter fijo discontinuo. Cada uno de ellos percibía una cantidad en nómina y “otra en sobre». Además, al finalizar cada periodo trabajado, la empresa emitía unos finiquitos que luego no se cobraban. Finalmente decidieron instar la extinción indemnizada de su relación laboral.

Pues bien, una de las causas por las que el trabajador puede instar la extinción del contrato de trabajo es el incumplimiento grave por el empresario de sus obligaciones, y estas obligaciones deben ser conceptualizadas en un sentido amplio: no deben contraerse a las obligaciones pactadas en el contrato, sino que deben ser entendidas como todas aquellas que, cualesquiera que sea su origen, hayan sido asumidas por el empresario.

Por otro lado, para determinar la gravedad del incumplimiento cuando el mismo es periódico la jurisprudencia ha atendido a su reiteración y, por otro lado, la ausencia de reclamación por parte del trabajador ante los incumplimientos empresariales no ha sido considerada como motivo que enerve la concurrencia de la causa resolutoria.

Teniendo todo ello en cuenta, el Tribunal Supremo considera errónea la doctrina de la sentencia recurrida, conforme a la cual la conducta analizada es sancionable pero se mueve en un plano ajeno al contemplado en el artículo 50.1.c) ET -extinción del contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones del empresario-. Y es que:

-La obligación de cotizar no es genérica, sino que se corresponde con las bases definidas por la Ley; la base de cotización viene constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena.

-Si la empresa oculta parte de las remuneraciones, no solo desarrolla una conducta administrativamente sancionable, sino que también perjudica a quien trabaja pues la mayoría de las prestaciones económicas se calculan en función de las cotizaciones previas.

-Ese perjuicio proyecta sus efectos también sobre eventuales recargos de prestaciones o prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial, entre otros.

-La eventual conformidad de quien trabaja con esa conducta elusoria de las obligaciones hacia la Seguridad Social y la Hacienda Pública es inocua desde la perspectiva de la existencia de un incumplimiento.

-La obligación de cotizar, y de detraer la cuota obrera, pesa sobre el sujeto pagador -la empresa-, siendo nulos todos los pactos que alteren la base de cotización legalmente definida.

-Que no conste en los recibos de salario la cantidad realmente percibida no solo es conducta sancionable sino que dificulta la consecución de la finalidad perseguida por la Ley al establecer esa obligación documental.

En suma, señala la sentencia, la ocultación documental de una parte del salario y a lo largo de un periodo muy dilatado; el incumplimiento del deber de cotizar a la Seguridad Social con arreglo a lo previsto legalmente; y la obtención de documentos de finiquito firmados pero que no se abonan, son claras manifestaciones de grave incumplimiento de las obligaciones empresariales respecto de sus demandantes.

La consecuencia final es inevitablemente la estimación del recurso interpuesto por los demandantes.

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18 de junio de 2020, recurso n.º 893/2018)

 

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