Las medidas de aislamiento sanitario han provocado graves problemas jurídicos y económicos que exigían la adopción de medidas de contención por parte del Gobierno

Con fecha 18 de marzo de 2020 se han publicado en el Boletín Oficial del Estado dos disposiciones con relevancia jurídica en el ámbito mercantil, tributario y laboral que contienen una serie de medidas, de diferente orden, destinadas a contener la grave situación jurídica y económica que se ha planteado a raíz del obligado aislamiento de la población a los efectos de contener la epidemia provocada por el virus COVID-19, y que se resumen a continuación:

Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Las principales medidas aprobadas son las siguientes: 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL

1º.-Carácter preferente del trabajo a distancia. Se entiende cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos de forma excepcional a través de una autoevaluación de la propia persona trabajadora. 

2º.-Derecho de adopción del horario y reducción de jornada. Los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado de cónyuge o  pareja de hecho y respecto a familiares por consanguinidad hasta el segundo grado tienen derecho a acceder a una adaptación de jornada y/o reducción de la misma. 

Este derecho es individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa. 

3º.-Prestación extraordinaria por cese de actividad. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada del 15 de marzo de 2020 o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tienen derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad siempre que cumplan los siguientes requisitos:  

-Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.  

-En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.  

-Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Cabe la posibilidad de que el órgano gestor invite al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.  

La cuantía de la prestación se fija aplicando el 70 por ciento a la base reguladora. Esta prestación se limita a un mes. 

4º.-Flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad

-Estas medidas aplican a los procedimientos instados a partir del día 18 de marzo de 2020. A los anteriores les resultan de aplicación las medidas de exoneración que se comentan a continuación pero no las especialidades de tramitación. 

-Se califican como causas de fuerza mayor a efectos de suspensiones de contratos y reducciones de jornada las pérdidas de actividad como consecuencia de la crisis COVID 19. 

-Si la empresa decide la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo se aplican las siguientes especialidades: 

-El procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa junto con un informe relativo a la vinculación de la pérdida con el COVID 19. 

-La existencia de fuerza mayor será acreditada por la autoridad laboral. 

-El plazo de resolución es de 5 días. 

-Se establecen especialidades respecto a las consultas con los representantes de los trabajadores. 

-La TGSS exonerará del abono de la aportación empresarial así como de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta mientras dure la suspensión si la empresa tiene menos de 50 trabajadores. En caso de tener más de 50 trabajadores la exoneración alcanza al 75% de la aportación empresarial. La exoneración requiere petición de la empresa. 

-Se reconocerá la prestación por desempleo a los trabajadores aunque no cumplan las condiciones para ello. No computará el tiempo de prestación a efectos de consumo los períodos máximos de percepción establecidos. 

-Tienen acceso a esta opción los socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas. 

-Para el trabajador el tiempo computará como efectivamente cotizado. 

5º.-Prestaciones por desempleo. La presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizados fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente. 

El Real Decreto-Ley 8/2020 contiene una cláusula de salvaguarda conforme a la cual el disfrute de todas estas medidas extraordinarias en el ámbito laboral está vinculado al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

 

MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO

1º.-Despacho aduanero. El titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acordar que el procedimiento de declaración, y el despacho aduanero que aquel incluye, sea realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales. 

2º.-Plazos de pago. 

-En el caso de liquidaciones, requerimientos de pago, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos y providencias de apremio que se hayan notificado antes del día 18 de marzo de 2020, el plazo de pago se extiende hasta el 30 de abril de 2020. 

-En el caso de liquidaciones, requerimientos de pago, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos y providencias de apremio que se notifiquen a partir del día 18 de marzo de 2020 inclusive, el plazo de pago se extiende hasta el 20 de mayo de 2020 en caso de que vencieran antes de dicha fecha salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. 

3º.-Plazos de tramitación de procedimientos. El Real Decreto 463/2020 había previsto una suspensión de plazos desde el día 15 de marzo. El Real Decreto Ley prevé una ampliación siguiendo una metodología parecida a la establecida a los plazos de pago:

-Los plazos concedidos antes del día 18 de marzo de 2020 relativos a plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y 104 bis RGR), plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hubieran concluido el 18 de marzo de 2020, se amplían hasta el día 30 de abril de 2020. 

Adicionalmente, desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles en el seno del procedimiento administrativo de apremio. 

-Los plazos concedidos a partir del día 18 de marzo de 2020 inclusive relativos a plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y 104 bis RGR), plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, se extienden hasta el día 20 de mayo de 2020 salvo que el plazo ordinario fuera superior. 

No obstante, se considera evacuado el trámite si el obligado tributario atiende al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presenta sus alegaciones. 

Se mantienen en materia de plazos para formular alegaciones y atender requerimientos las especialidades previstas por la normativa aduanera. 

4º.-Prescripción, caducidad y duración de procedimientos. Entre el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020 no correrán plazos: 

-A efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT. 

-A efectos de los plazos de prescripción de los derechos de la Administración y del obligado tributario (art. 66 LGT). 

-A efectos de los plazos de caducidad. 

5º.-Recursos y reclamaciones. A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el art. 66 LGT, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entienden notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020. 

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento. 

6º.-Plazo de presentación de autoliquidaciones. El Real Decreto 465/2020 modifica el Real Decreto 463/2020 publicado el pasado día 15 de marzo para aclarar que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia dicho Real Decreto no es de aplicación a los plazos tributarios sujetos a normativa especial, ni afecta en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

La AEAT ha publicado una nota indicando que no han quedado interrumpidos los plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones. 

El Gobierno ha estimado que las medidas destinadas a evitar problemas de liquidez previstas tanto en las normas comentadas como en las aprobadas en los días pasados, entre las que se encuentra el aplazamiento del pago de deudas tributarias aprobado para las PYMES, son suficientes para que los obligados tributarios puedan atender en tiempo el plazo de las autoliquidaciones que vencen en los próximos días, incluido el de aquellos que finaliza durante el estado de alarma declarado, razón por la cual ha optado por no aprobar de momento moratorias o ampliaciones de dichos plazos.

No obstante, es posible que en aras a evitar una falta de sincronización entre el acceso de los contribuyentes a las medidas aprobadas para obtener financiación y el cumplimiento legal de los plazos de presentación de las autoliquidaciones se arbitren por parte de la Agencia Tributaria medidas ad hoc para solventar ese tipo de situaciones de las que estaremos especialmente pendientes y les informaremos puntualmente.

7º.-Especialidades autonómicas en cuanto al cómputo de los plazos. Se han declarado como días inhábiles, a efectos de cómputo de plazos en los procedimientos administrativos que se tramiten en el ámbito de la Comunidad de Madrid, los comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020, ambos inclusive.

8º.-Catastro. Se amplían hasta el 30 de abril de 2020, los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación el 18 de marzo de 2020. 

Tendrán hasta el 20 de mayo de 2020 para ser atendidos, los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020 por la Dirección General del Catastro, excepto que sea mayor el otorgado por la norma general, en cuyo caso será este el aplicable. 

Se considera evacuado el trámite si el obligado tributario atiende al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presenta sus alegaciones. 

9º.-Exención en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las modificaciones de hipotecas por COVID 19. Se declaran exentas de la cuota gradual de documentos notariales en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del ITP y AJD las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo de las modificaciones permitidas por la moratoria de determinados deudores. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER MERCANTIL

1º.-Se establece una moratoria del pago de deuda hipotecaria limitado a préstamos destinados a la adquisición de vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis COVID 19. 

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión. 

2º.-El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. 

3º.-Sesiones de los órganos de gobierno. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 

De forma análoga ocurre con los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones que podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. 

4º.-Formulación de cuentas. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.  

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.  

La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.  

Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.  

5º.-Separación de socios. Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.  

6º.-Otras medidas. El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.  

En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.  

En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma. 

7º.-Deber de solicitud de concurso. Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.  

Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del art. 5 bis Ley 22/2003 (Ley Concursal). 

8º.-Se suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España

 

MEDIDAS FINANCIERAS

1º.-Se aprueba una línea de cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros –y no requerirá de desarrollo posterior- y cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado.

2º-Se amplía el límite de endeudamiento neto previsto para el Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado con el fin de aumentar las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos. Se amplía en 10.000 millones de euros, con el fin de facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos, lo que se materializará a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación de las entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su política de financiación directa para empresas de mayor tamaño.

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