El Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, introduce una serie de incentivos tributarios para apoyar al sector cultural. En su exposición de motivos se indica que “resulta imprescindible incrementar la participación ciudadana en la financiación de proyectos de mecenazgo”. Ahora bien, si analizamos la norma con detenimiento podemos observar que los cambios han sido más bien escasos y se ha perdido la oportunidad de hacer una reforma más profunda y necesaria.

Por una parte, se ha mejorado mínimamente la deducción por donativos en el IRPF y en el IRNR para quienes no cuentan con establecimiento permanente en España. En este incentivo sigue operando como límite máximo de deducción el del 10 por 100 de la base liquidable del contribuyente, lo que limita las donaciones de un valor económico relevante, ya que las cuantías que superen dicho importe no son trasladables a otros ejercicios. La novedad radica en un incremento del 5 por 100 de los porcentajes de deducción que pasan a ser del 80 por 100 para los primeros 150 euros que se donen y del 35 por 100 para los excesos sobre ese importe. Igualmente, a partir del tercer año de colaboración con una entidad, los excesos pasan a ser deducibles en el 40 por 100. El incentivo se establece con carácter retroactivo para todas las donaciones realizadas desde el 1 de enero de 2020.

La medida permite incrementar la deducción por micromecenazgo en el IRPF, pero debería haberse aprovechado para revisar el límite del 10 por 100 de la base liquidable o, por lo menos, para permitir que las cuantías que lo superasen fueran trasladables a los diez ejercicios siguientes, como ocurre en el IS.

Por otro lado, se ha modificado el artículo 36 LIS para elevar un 5 por 100 el importe de las deducciones de las producciones españolas de largometrajes y cortometrajes, series audiovisuales de ficción, animación o documentales, elevando además el importe de la deducción hasta los 10 millones de euros para atraer grandes producciones internacionales a España. Al mismo tiempo, se autoriza que la deducción, junto con las subvenciones y ayudas percibidas, pueda alcanzar porcentajes entre el 60 y el 85 por 100.

En el caso de ejecución de producciones extranjeras por productores registrados en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales se han incrementado igualmente los porcentajes de deducción hasta el 30 por 100 para el primer millón y del 25 por 100 para el exceso, autorizando igualmente a que la deducción pueda llegar hasta los 10 millones de euros y que el importe del incentivo más las ayudas pueda alcanzar el 50 por 100 del coste de la producción.

En este último caso, la elevación de los límites y porcentajes que se ha llevado a cabo a través de las medidas fiscales introducidas sí que hacen atractiva España para el rodaje películas y series. Tal vez se pueda criticar el hecho de que se haya dejado fuera del incentivo a los espectáculos en vivo tales como el teatro y musicales, que son un sector que va a verse muy perjudicado con la crisis, sobre todo, por la importante limitación de aforos.

Por último, se han creado incentivos para una serie de acontecimientos de excepcional interés público como el Plan Berlanga, Alicante 2021 Salida Vuelta al Mundo a Vela, España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2021, Plan de fomento de la ópera en la calle del Teatro Real y el 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu, así como la ampliación de la duración de otros que no han podido celebrarse en su integridad como el programa de preparación de los deportistas para la olimpiada de Tokio, el V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, el Andalucía Valderrama Masters o el Año Santo Jacobeo 2021.

Estos acontecimientos generan una deducción en cuota ligada a la publicidad del evento por parte de la empresa colaboradora, que puede obtener retornos fiscales del 90 por 100 de las cuantías aportadas al evento, lo que los hace muy atractivos para las grandes compañías, que disponen de un importante gasto publicitario anual.

En análisis general, como puede verse, los incentivos han sido escasos, tanto en su cuantía, como en el número de sujetos que van a beneficiarse de los mismos. Además, se ha optado por una línea continuísta en el modelo de incentivos.

  • En el IRPF el incremento es muy pequeño, suponiendo tan sólo 7,5 euros por cada 150 euros donados y su importe es limitado, ya que no son muchos los contribuyentes que vienen practicando esta deducción.
  • En el IS no se ha modificado la deducción por donativos, que se mantiene en el 35 por 100, muy lejos del 60 por 100 que existe en otros países de nuestro entorno, como Francia. Desde luego, los grandes donantes son las sociedades mercantiles y muchas veces las sociedades holding de grupos familiares, que no tienen oportunidad de practicarse la deducción en cuota. Habría que replantearse la efectividad de este incentivo, si sus límites y porcentajes son los más adecuados y si debería operar en cuota, en base imponible o ser una combinación entre ambos.

Por último, llevo muchos años abogando por la revisión del régimen de los acontecimientos de excepcional interés público, ya que el número de contribuyentes que se acogen al mismo es realmente escaso y, sin embargo, el incentivo fiscal supone una pérdida de recaudación significativa todos los años para patrocinar, a veces, eventos de escaso interés o retorno social, pero que consiguen ser considerados por el Gobierno del momento gracias a la presión de alguna de las Administraciones implicadas.

Existe, a mi juicio, un exceso de acontecimientos -algunos años han superado los 50 en vigor-; este incentivo requiere una limitación en su uso y un mejor ajuste de su coste fiscal, ya que hay empresas que terminan obteniendo un retorno económico superior a la aportación efectuada al consorcio o fundación organizadora del evento, lo que no tiene ningún sentido.

En un momento como el actual debería realizarse un importante análisis de cada incentivo y de su retorno al Estado. Desde luego, lo que no puede producirse es una merma de recaudación que no sea acorde con la colaboración privada a la consecución de un fin de interés general.

En definitiva, no podemos tener incentivos para grandes corporaciones que sólo sirvan para ligar su marca a determinados eventos, obteniendo un retorno de imagen y, además, una deducción fiscal que haga su presencia casi o totalmente gratuita. Por definición, tiene que existir una liberalidad y un ánimo de colaboración de la empresa, lo que a veces se echa en falta.

Todo ello, a mi juicio, permite concluir que las medidas implementadas no suponen ninguna novedad, cuando lo que realmente deberíamos haber hecho es replantearnos el sistema, buscando incentivar realmente la colaboración privada, sobre todo empresarial, para financiar proyectos culturales y deportivos, ya que el gasto público se va a contraer en estos campos, como ya ocurrió en la pasada crisis.

La cultura y el deporte aficionado, no el de los grandes eventos, va a precisar la ayuda del mecenazgo para superar la caída de subvenciones y ayudas públicas en los próximos años y, realmente, en mi opinión las reformas introducidas no han sabido incentivar esta trayectoria.

 

José Pedreira Menéndez

José Pedreira Menéndez

Responsable del Área de Entidades no Lucrativas

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