Basta constatar que la actividad delictiva se llevó a cabo en el desempeño de las tareas ejercitadas al servicio del principal y con cierta capacidad de dirección por parte de éste, con independencia del tipo de vínculo existente entre ambos y de que existiesen o no excesos

Como ha venido señalando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que pueda entrar en juego este tipo de responsabilidad se exigen estos requisitos: a) una relación de dependencia del autor de la acción y la persona o entidad implicada en aquella; b) que el responsable penal actúe en el marco de las funciones propias del cargo o empleo, aun cuando lo hubiera hecho con cierta extralimitación; y, c) una conexión entre el delito y la clase de actividad propia de la relación de empleo.

Por otro lado, señala la sentencia que, para exigir responsabilidad a las entidades jurídicas por las acciones de sus dependientes, no es preciso acreditar que existió algún mínimo de imprudencia al elegir al dependiente, o en el control de su actividad, ni tampoco demostrar que se produjeron beneficios concretos para la entidad. Cuando el legislador penal ha querido establecer algún requisito adicional para que nazca la responsabilidad civil de un tercero lo ha consignado expresamente, y no es el caso del art. 120.4 CP, por lo que basta constatar que la actividad delictiva se llevó a cabo en el desempeño de las tareas ejercitadas al servicio del principal y con cierta capacidad de dirección por parte de éste, con independencia del tipo de vínculo existente entre ambos y de que existiesen o no excesos. En definitiva, el vínculo como agente comercial arrastra al principal a esa responsabilidad civil sin duda alguna, aunque se trate de un agente externo.

En consecuencia, solo la revocación de la condición de la condición de agente comercial hace desaparecer el fundamento de la responsabilidad civil derivada del delito. Las actuaciones que desarrollase el responsable penal con posterioridad, aunque adujese en algún caso de forma fraudulenta que actuaba al servicio de la entidad, no generarían la responsabilidad definida en el art. 120.4º CP. En esa situación sólo podrían encajarse y serían pertinentes consideraciones sobre posibles elementos de imprudencia por parte de la entidad, pero al margen del proceso penal, que no sería el cauce para hacerlas valer.

Y respecto del tipo de vínculo que une a la empresa con su dependiente no es necesaria una vinculación laboral. Basta con actuar por cuenta, al servicio y bajo las directrices y organización del principal para que éste deba asumir esa responsabilidad civil nacida a consecuencia del delito cometido por su dependiente en el ejercicio de sus funciones.

Como puede deducirse de todo ello, una vez más, responsabilidad penal y responsabilidad civil de empresas por delitos cometidos por sus empleados son instituciones diferentes y con premisas y requisitos muy distintos. Prueba de ello es que es posible que se niegue la responsabilidad penal de la entidad por la presencia de un programa de cumplimiento eficaz, sin que esa exclusión arrastre la de la responsabilidad civil –el art. 120.4 CP en nada se ha visto alterado por su art. 31 bis-.

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª, de 19 de julio de 2021, recurso n.º 4299/2019)

 

Departamento de Documentación de Garrido