Así, no se pueden realizar comprobaciones sobre operaciones sometidas al Impuesto sobre el Valor Añadido prescritas para determinar deudas por el Impuesto sobre Sociedades que no lo están, porque el IVA es neutro en la determinación de la base imponible del IS, que se determina por la diferencia entre ingresos y gastos

El relato de hechos que se dirime en la sentencia se desarrolla entorno a una defraudación fiscal acaecida en el año 2011 cuyo plazo de prescripción, de acuerdo a la jurisprudencia del propio Tribunal, se inicia cuando termina el plazo de autoliquidación -en el caso, el 31 de enero de 2012-. La Administración inició una actuación de inspección en el mes de junio de 2016, con relación al Impuesto sobre Sociedades, a partir del que realizó investigaciones que afectaron al Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la realización de indagaciones personales y solicitud de extractos bancarios y escrituras públicas, elementos de investigación que no eran necesarios para el impuesto que se dice se investigaba, en el que se tributa por las ganancias de la sociedad, para lo que es precisa la comparación entre los gastos de producción y el beneficio obtenido, obteniendo un beneficio que es la base imponible del impuesto y para cuya determinación el importe de IVA no supone ni un gasto ni un ingreso, por lo que es neutro.

Por tanto, son dos son las cuestiones jurídicas que se plantean y resuelven en la sentencia: en primer lugar, si la Administración tributaria puede investigar, o no, periodos prescritos y, en segundo término, qué relevancia en la jurisdicción penal ha de darse a esas actuaciones, realizadas fuera del plazo de prescripción.

Respecto de la posibilidad de realizar comprobaciones e investigaciones respecto de impuestos prescritos la norma tributaria es clara: la Administración tributaria no puede liquidar impuestos prescritos, pero si puede realizar comprobaciones e investigaciones. En efecto, el art. 115 Ley 58/2003 (LGT) permite a la Administración tributaria comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, comprobaciones e investigaciones incluso en el caso de que las mismas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios prescritos siempre que tal comprobación o investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos a los que se refiere el art. 66 de esa Ley que no hubiesen prescrito –derecho a determinar la deuda tributaria, exigir su pago si ya lo está, solicitar u obtener devoluciones-.

Es decir, la Administración tributaria puede indagar actos y periodos prescritos para la investigación sobre impuestos no prescritos -como en el caso el de Sociedades-. Eso sí, señala el Tribunal, no basta con la mera expresión de la justificación del hecho que habilita la investigación, sino que ésta debe ser relevante en la indagación del impuesto que se investiga para que pueda entenderse que existe una expresa autorización legal.

Por otro lado, conforme al art. 66 bis LGT, el plazo prescriptivo de cuatro años no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al art. 115 de esa Ley, que posibilita el derecho de la Administración tributaria a la comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación en un plazo que prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.

Aplicado todo ello al caso de autos, considera el Tribunal que la actuación investigadora que se inició fuera de plazo, no tenía por objeto bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas -autorizadas por el art. 66 bis-, y la mención a la indagación de un Impuesto de Sociedades no era sino el señuelo que se dispuso para reabrir la investigación sobre un hecho tributario prescrito de acuerdo al art. 66 LGT, pues el IVA es neutro en la determinación de los gastos e ingresos que fundan la base tributaria del Impuesto de Sociedades. En consecuencia, afirma el Tribunal Supremo, la actuación de la Inspección sobre impuestos prescritos fue una actividad realizada sin el amparo legal preciso que autorizara la actuación administrativa de indagación tributaria, por lo que no puede surtir efectos en el orden penal de la jurisdicción.

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 5 de noviembre de 2020, recurso n.º 4535/2019)

 

Departamento de Documentación de Garrido