En tanto el Legislador no regule el vacío que deja la anulación del art. 454 bis 1 párrafo primero de la LEC –redacción 3/2011- que lleva aparejada la declaración de inconstitucionalidad, frente al Decreto del Letrado de la Administración de Justicia que resuelva el recurso de reposición sí cabrá recurso

El pasado día 28 de enero de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional dictó sentencia por la cual resolvía estimar la cuestión interna de constitucionalidad planteada por la Sala Segunda del mismo Tribunal en relación con el artículo 454 bis 1, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

¿Cuál es el contenido de la norma controvertida?

La norma en torno a la que se genera el conflicto, reguladora del recurso de revisión a resolver por los Letrados de la Administración de Justicia, establecía la ausencia de recurso frente al Decreto resolutivo del recurso de reposición. Todo ello sin perjuicio de la facultad del litigante perjudicado de reproducir la cuestión necesariamente en la primera audiencia ante el Tribunal tras la adopción de la decisión (o, en caso de no ser posible por el estado de las actuaciones, de solicitar por escrito que se resuelva al respecto en la resolución definitiva antes de que ésta sea dictada).

¿Cuáles son los antecedentes?

El debate surge originalmente en el seno de una ejecución civil promovida en 2013 ante un Juzgado por una Comunidad de Propietarios frente a una serie de agentes de la construcción para la realización forzosa de determinadas obras. Ante el incumplimiento por parte de los ejecutados de su obligación de hacer en el plazo fijado, la Comunidad de Propietarios solicitó al Letrado de la Administración de Justicia, con fundamento en el artículo 706.1 de la LEC, que se la facultara a acometer por sí misma las obras en sustitución de los agentes constructivos. La petición, sin embargo, fue denegada y posteriormente recurrida en reposición por la parte ejecutante con idéntico resultado desestimatorio, con indicación por parte del Letrado de la Administración de Justicia de que frente al Decreto resolviendo el recurso de reposición no cabía recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 454 bis 1, párrafo primero, de la LEC.

En esta tesitura, la Comunidad de Propietarios interpuso pese a todo recurso de revisión frente al Decreto desestimatorio con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que había declarado inconstitucional un precepto del orden contencioso-administrativo idéntico al artículo 454 bis 1, párrafo primero, de la LEC. El recurso fue inadmitido, y la inadmisión fue ulteriormente recurrida en queja ante la Audiencia Provincial sin éxito. La sucesión de resoluciones desfavorables a la Comunidad de Propietarios motivó la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, a su vez, derivó en el planteamiento por la Sala Segunda de una cuestión de constitucionalidad.

¿Dónde radicaría la posible inconstitucionalidad de la norma?

A juicio de la Sala Segunda, el artículo 454 bis 1, párrafo primero, de la LEC podía considerarse contrario al derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución (CE), toda vez que impediría el control judicial de determinadas decisiones de los Letrados de la Administración de Justicia; en el caso concreto, sobre la concurrencia o no de los requisitos del artículo 706.1 de la LEC en aras a permitir o no a la Comunidad de Propietarios ejecutar las obras interesadas por sí misma.

¿Qué resuelve el Pleno del Tribunal Constitucional?

Analizada la cuestión, el Pleno determina en su sentencia de 28 de enero de 2020 que, efectivamente, la redacción del artículo analizado ampara que se den supuestos en que la decisión del Letrado de la Administración de Justicia sobre cuestiones trascendentes vinculadas a la función jurisdiccional exclusiva de Jueces y Magistrados se sustraiga al control de éstos; control que sí podría implementarse a través del recurso directo de revisión.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional alcanza la conclusión de que el artículo 454 bis 1, párrafo primero, de la LEC infringe el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la CE, precisamente porque da cobertura a un régimen de recursos que no permite el control jurisdiccional de determinadas decisiones de los Letrados de la Administración de Justicia.

¿Cuáles son las consecuencias de la decisión del Tribunal Constitucional?

Por todo ello, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el inciso primero del precepto, al tiempo que declara que, en tanto el legislador no regule el vacío que deja la norma anulada, frente al Decreto del Letrado de la Administración de Justicia que resuelva el recurso de reposición sí cabrá recurso, y será el recurso directo de revisión contemplado en el mismo artículo 454 bis de la LEC.

De este modo, el Pleno del Tribunal Constitucional consolida el criterio ya reflejado en las sentencias del Tribunal 58/2016 y 72/2018, en las que se declaró la inconstitucionalidad de dos normas de contenido idéntico al del artículo anulado en los ámbitos contencioso-administrativo y laboral; en particular, del artículo 102 bis.2, párrafo primero, de la LJCA y del artículo 188.1, párrafo primero, de la LJS, respectivamente.

Cabe esperar, por tanto, que en un futuro el Tribunal Constitucional tenga la opción de cerrar el círculo y resuelva lo propio a propósito del artículo 238 bis, inciso quinto, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; homólogo en el orden penal de los tres preceptos ya declarados inconstitucionales.

(Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional n.º 15/2020, de 28 de enero de 2020)

 

Manuel Álvarez Díez, Director de área

Ana Serna Gimeno, Asociada senior

Departamento Litigación Civil y Arbitraje de Garrido Abogados

 

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