Una vez más se han ampliado las medidas de protección en materia de vivienda dirigidas a los colectivos en situación de vulnerabilidad económica introducidas por el Real Decreto-ley 11/2020
La aprobación, antes de que finalizara 2023, del paquete de medidas dirigidas a contener los efectos de la crisis económica que persiste en nuestro mercado con el objetivo de apoyar las situaciones de mayor necesidad ha traído consigo, una vez más, la ampliación de las medidas procesales aprobadas durante la pandemia provocada por el Covid-19 en defensa de las economías más vulnerables.
Así, se han extendiendo determinadas medidas de protección en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020 (Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19), mejoradas por el RDLey 37/2020 (Medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes), así como por la reciente Ley 12/2023 (Ley por el derecho a la vivienda), para esos colectivos.
Ello obedece -justifica la norma que comentamos-, a la existencia de un escenario marcado por la extensión temporal de la Guerra de Ucrania y sus repercusiones en la economía de las familias, principalmente, a través del incremento de la inflación, que incide de modo más perjudicial en las personas con menores recursos.
En consecuencia, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos cuando estos afecten a arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, de acuerdo con la normativa que se estableció durante la pandemia.
En línea con ello, se modifica la referencia a “31 de diciembre de 2023” y se sustituye por la referencia a “31 de diciembre de 2024” respecto del plazo para reanudar los procedimientos de desahucio y los lanzamientos suspendidos por aplicación de la normativa Covid a petición del arrendador establecida por la Ley 12/2023 (Ley por el derecho a la vivienda).
Finalmente, se amplía hasta el 31 de enero de 2025 el plazo para que los arrendadores y propietarios soliciten la compensación que estableció para ellos el Real Decreto-ley 37/2020 (Medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes).
Si desea saber más sobre el contenido de estas normas puede consultar los siguientes:
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[Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía (BOE de 28 de diciembre de 2023)]
Departamento de Documentación de Garrido