La llegada de la vacuna contra el Covid-19 ha desatado la controversia sobre sus riesgos y, en términos jurídicos, el debate sobre su eventual obligatoriedad, el cual es especialmente conflictivo respecto de las personas con capacidad cognitiva limitada.
Sobre esta cuestión, y sobre su incipiente tratamiento en los primeros pronunciamientos judiciales que ya se están haciendo públicos, hace repaso Sara Segovia del Moral, directora de nuestro Área de Familia, en un artículo publicado al efecto en Expansión.
En estos casos, a falta de capacidad de la propia persona, sus familiares o personas vinculadas prestan su consentimiento por representación y, a falta del mismo, decide la autoridad judicial.
Sara Segovia repasa la casuística -las dudas sobre la efectividad de la vacuna, sobre la propia enfermedad y sus posibilidades de reinfección o el análisis y la comparativa de riesgos- así como el hilo conductor de los diferentes pronunciamientos que se manejan hasta la fecha, que se han decantado de forma unánime en aras de interés común, tal y como puede concluirse de su análisis.