Recientemente la Ley 2/2025 modificaba el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la automaticidad del despido por razón de la incapacidad sobrevenida de la persona trabajadora, exigencia que derivaba de la falta de acomodación de nuestra normativa interna al Derecho internacional y europeo, en particular, tal y como había sido puesto de manifiesto por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La adaptación de nuestra normativa, una vez más, ha venido asociada al establecimiento de nuevas cargas administrativas para las empresas y puede generar litigiosidad en los casos en los que el afectado no esté conforme con las medidas aplicadas por el empleador.
Tras su primer mes de aplicación, Expansión ha querido reunir la opinión de los expertos, con el objetivo hacer juicio crítico sobre el modo en que ha sido establecida y sobre el impacto que puede llegar a tener sobre las empresas, en un artículo que firma Gonzalo Diaz Velarde y que ha contado con el apoyo de Garrido y la opinión como experta en Recursos Humanos de Virginia Benito, Directora de Garrido Outsourcing.