El avance tecnológico ha puesto a disposición del mundo de los negocios nuevos canales de comunicación a través de los cuales se desarrollan ya de una manera natural las relaciones económicas. Como no podía ser menos, esa praxis genera consecuencias jurídicas a las que el intérprete debe dar solución jurídica. Manuel Álvarez Díez, Director del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrido, y Eduardo de Porres Fernández, Asociado Senior, apelan la necesidad de reforzar la conciencia colectiva sobre las consecuencias que de la tecnificación de las relaciones económicas se trasladan al mundo jurídico, en su repaso a la interesantísima sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 1 de octubre de 2019.