La limitación a la deducibilidad de los gastos financieros netos en las empresas es un hecho desde el año 2012, momento en que se estableció en el artículo 20 del derogado Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades una limitación en la deducción de gastos financieros en los siguientes términos:

  • Se limita la deducibilidad de los gastos financieros netos, entendiendo por tales, los gastos financieros descontando los ingresos de la misma naturaleza.
  • Esta deducibilidad, está limitada al 30% del beneficio operativo del ejercicio y, en todo caso, a un millón de euros.

La complejidad del concepto gasto financiero neto, hizo necesaria incluso la publicación por parte de la Agencia Tributaria de una resolución, de 16 de julio de 2012,  aclaratoria de lo que se consideraba a efectos de la limitación en su deducibilidad como gasto financiero.

La cuestión se encuentra regulada en términos idénticos en el artículo 16 de la actual Ley del Impuesto sobre Sociedades y supone, en la práctica, que determinadas empresas fuertemente apalancadas adelanten impuestos que tal vez nunca lleguen a recuperar.

Pues bien, a nivel de consolidación fiscal, el impacto negativo es exponencial al número de empresas del grupo, ya que el artículo 63 de la LIS dispone que el límite en la deducción del artículo 16 se referirá al grupo fiscal en su conjunto. 

El impacto que esto supone en un grupo con gastos financieros netos altos se puede ver de forma clara en el siguiente cuadro:

Por ello, una de las principales contingencias que analizamos los asesores fiscales a la hora de valorar el ejercicio de una opción de consolidación fiscal en un grupo de empresas es el estudio sobre cómo afectaría, a nivel del grupo fiscal, la limitación normativa a la deducibilidad de los gastos financieros.

Por otro lado, no debemos dejar de traer a colación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 22 de febrero de 2018, y en relación a una diferencia de tributación entre el régimen individual y consolidado en los Países Bajos, determinó que los Estados miembros, en aplicación de la libertad de establecimiento de los artículos 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), no pueden imponer medidas que perjudiquen o potencien el régimen de consolidación fiscal en detrimento o beneficio de los contribuyentes que no lo aplican.

Es cierto que esta conclusión se basa en la comparativa entre una sociedad establecida y su filial no establecida y entre dos sociedades establecidas, pero esta misma conclusión, en el sentido opuesto a la normativa holandesa, se puede apreciar en grupos internacionales españoles cuya matriz tribute en España, ya que perjudica el establecimiento de filiales en España – curiosamente, el objetivo opuesto de la normativa neerlandesa-.

Por ello, cabe plantearse si las empresas españolas que se ven perjudicadas por este régimen tendrían derecho a invocar el Derecho comunitario y aplicar al menos el límite económico del millón de euros en concepto de gastos financieros en cada una de las sociedades del grupo de consolidación fiscal.

De lo anteriormente expuesto, bien pueden extraerse las siguientes conclusiones:

  • Con esta limitación adicional en la deducción de gastos financieros a nivel consolidado se vislumbra como objetivo de la AEAT que las empresas huyan de la consolidación fiscal por un fin cortoplacista de recaudación y la potestad sancionadora que sobre las operaciones vinculadas tiene atribuida la Administración.
  • La medida cortoplacista de la Administración parte de la premisa de que la recaudación es inferior, pero analizar la consolidación desde un punto de vista meramente recaudatorio supone obviar la existencia habitual de una única estructura organizativa que tiene como objetivo ganar dinero en todas las sociedades, si bien con resultados e hitos dispares.
  • Sorprende analizar sistemas tributarios europeos como el neerlandés, donde se potencia la consolidación fiscal en contra del sistema general, mientras en España mantenemos la postura contraria, aunque sorprende menos si se analiza el volumen de empresas internacionales que establecen su centro de operaciones europeo en Ámsterdam y no en Madrid -posiblemente, primar valores como la seguridad jurídica o la reinversión de beneficios empresariales suponga un mayor atractivo que las bondades geográficas-.
  • La limitación al régimen de consolidación fiscal no tiene cabida claramente en el marco del respeto a la política comunitaria que representa la libertad de establecimiento.

 

Juan Osuna Marco

Asociado senior del Departamento Fiscal de Garrido Abogados