La cesión mediante contrata genera en nuestro ordenamiento jurídico es una fuente de conflictos habitual que expone a las empresas a la litigación socio- laboral y es que está rodeada de una cierta inseguridad jurídica, que no siempre permite una fácil diferenciación de la cesión ilegal de trabajadores.
Pues bien, una reciente sentencia del TJUE ha abierto la puerta a que trabajadores de la empresa auxiliar puedan reclamar las condiciones de trabajo de la usuaria, lo que deja aún más expuestas a las empresas a la litigación.
Nuestro of counsel José Luis Goñi ha querido dedicar su última colaboración con Expansión al trascendente pronunciamiento de 24 de octubre que, en definitiva, cuestiona los criterios interpretativos que, desde el punto de vista interno, han contribuido hasta la fecha a deslindar los contornos de la cesión a través de la ETT y los de la contrata, y, particularmente, a poner en tela de juicio el tratamiento desigualitario que hasta ahora se venía manteniendo en términos de equiparación de condiciones de trabajo y de responsabilidad empresarial.
Ha subrayado el TJUE, en definitiva, que no cabe circunscribir el ámbito de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal únicamente a las empresas que disponen de una autorización administrativa previa para ejercer la actividad de ETT, porque ello supondría establecer diferencias de protección entre los trabajadores de los Estados miembros en función de dicha exigencia, lo que no es aceptable.