Según señala nuestro Presidente, Miguel Ángel Garrido Riosalido, en un artículo sobre esta cuestión tan de actualidad en estos días, que publica al efecto en Expansión, la propuesta de la armonización fiscal “tiene mucha más relevancia que lo que ocurra con el Impuesto sobre el Patrimonio” pues, según explica, pone encima de la mesa si existe o no realmente un interés político en dotar de mayores competencias a las Comunidades o restringirlas.

La descentralización tributaria plantea ineficiencias -desigualdades derivadas de los diferentes criterios de gestión administrativa que puedan adoptar las Comunidades- y distorsiones como son la competencia fiscal -al alza o a la baja-. 

Sin embargo, y según su opinión, ese debate no debería afrontarse sin adoptar primero una decisión sobre la capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas.

Y es que la corresponsabilidad fiscal, tal y como se diseñó en nuestro ordenamiento jurídico, pretendía hacer corresponsables a las Comunidades de sus decisiones de gasto obligando a asumir el coste político de subir los impuestos cuando afrontaran políticas de gasto más expansivas que las de sus vecinos. Así las cosas, si se restringe la competencia en la vertiente de los ingresos en pos de la armonización también habría de armonizarse en la de los gastos, lo que supondría una recentralización de competencias que ninguna fuerza política quiere poner encima de la mesa, señala.

Las razones que conducen a estas conclusiones se exponen en una crónica compartida con Expansión, que acompaña artículo sobre la competitividad fiscal entre Comunidades Autónomas en un año como el presente, absolutamente determinado por el impacto del Covid, en el que aun así han escalado posiciones comunidades como Galicia, Murcia, Madrid y Canarias, o se da la circunstancia de que la Comunidad de Madrid ha conseguido arrebatar a Vizcaya el liderazgo de la clasificación.

 

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