La retribución de directivos mediante seguros de vida unit linked representa un punto de encuentro en el que convergen la planificación retributiva, la técnica aseguradora y la fiscalidad de rentas complejas.
Y es que no estamos ante un mero producto de ahorro o simple instrumento financiero de inversión sino, en realidad, ante un vehículo que se presenta como óptimo para la estructuración de retribuciones futuras, condicionándolas al cumplimiento de determinados requisitos, en el que el compromiso de pago que instrumenta queda garantizado frente a eventuales cambios que afecten a la marcha de la actividad económica de la empresa.
Así puede utilizarse para articular esquemas de retribución diferida de altos directivos, consejeros ejecutivos, administradores, socios profesionales y otros perfiles de alta remuneración en compensación por cláusulas de permanencia, no competencia, objetivos a largo plazo o reglas de salida ordenada, entre otros.
Esta es, precisamente, la razón por la que el unit linked ha despertado tanto interés en el sector empresarial y actuarial.
Sin embargo, su plena eficiencia responde necesariamente a un correcto diseño jurídico y fiscal. En efecto, la clave no está en el nombre del producto, sino en cómo se articula el derecho del beneficiario y en qué momento puede entenderse que ese derecho se ha consolidado efectivamente porque, en ese preciso momento es en el que su rentabilidad quedará materializada y el unit linked se demostrará como el instrumento óptimo frente a otros para la remuneración de este tipo de colectivos.
- CONSTRUCCIÓN JURÍDICA Y UTILIDAD ECONÓMICA
La lógica constructiva y la utilidad económica del vehículo son fáciles de entender.
La empresa suscribe como tomadora una póliza de seguro de vida, normalmente mixta, con cobertura de supervivencia y fallecimiento. El asegurado es el directivo, administrador o socio (alto patrimonio); el beneficiario por supervivencia suele ser ese mismo asegurado; y para el caso de fallecimiento se designan beneficiarios distintos, habitualmente cónyuge y descendientes. La póliza se redacta de forma que el cobro de la prestación por supervivencia quede condicionado a hechos objetivos: permanencia durante cierto tiempo, no competencia tras la salida, actuación diligente, cumplimiento de resultados o mantenimiento de una determinada relación con la compañía.
Desde la perspectiva empresarial, el producto permite objetivar el diferimiento retributivo, separar el futuro pago del riesgo de caja de la sociedad y utilizar el seguro como técnica de retención y alineación. Desde la perspectiva del beneficiario, le ofrece una expectativa jurídicamente articulada y potencialmente más estable que una mera promesa interna de pago.
A partir de ese momento, el control económico sobre la póliza es pieza fundamental: que el directivo haya patrimonializado el derecho al cobro de la remuneración o que la empresa siga conservando el control económico de la póliza será determinante de su tributación y es aquí donde el instrumento presenta su utilidad máxima: en el posible diferimiento de la tributación que puede conseguirse a través del mismo.
En efecto, la Dirección General de Tributos, en las consultas que ha emitido al respecto, ha distinguido entre la mera expectativa y el derecho cierto al cobro de la remuneración. Así, mientras la empresa mantenga facultades relevantes sobre la póliza -en particular, el derecho de rescate o la posibilidad de modificar beneficiarios- y la pérdida de esas facultades dependa de hechos futuros inciertos, no existe todavía una atribución patrimonial plena del ahorro a favor del directivo.
Cuando la empresa conserva una puerta de salida vinculada a la permanencia, no competencia o actuación diligente del directivo, la ventaja económica para el beneficiario no está todavía consolidada y tributa en sede del directivo. En cambio, cuando esa renuncia deviene incondicional, la expectativa se transforma en un derecho cierto, y es entonces cuando nace la renta en especie. La variable decisiva para la tributación, por tanto, no es la existencia de la póliza, sino quién conserva efectivamente el control económico sobre ella.
En sentido contrario, y éste es un ejemplo de la situación opuesta, cuando la sociedad tomadora renuncia al rescate desde el inicio, la DGT entiende que ya existe un derecho cierto al cobro y, por tanto, el pago de las primas origina inmediatamente una renta en especie.
Por tanto, el producto no optimiza por sí mismo, sino que lo hace, en su caso, con una estructura jurídicamente bien construida y totalmente dirigida a la optimización económica.
- ESQUEMA DE TRIBUTACIÓN
En este punto se concentra la mayor parte de la complejidad técnica y, de nuevo, el momento en que el derecho a la remuneración puede entenderse realmente consolidado es determinante porque, en ese momento, se transforma en una renta fiscalmente relevante.
- Fase de aportación – Pago de la prima
La cuestión decisiva en este momento no es tanto que la empresa pague la prima, sino qué control conserva el tomador sobre la póliza.
Desde la óptica de la planificación fiscal (nacional y/o internacional) lo interesante de este producto está en el diferimiento de la renta que puede producirse (la cual a su vez genera un ahorro futuro al estar a su vez invertida).
En este sentido, si la tomadora mantiene derecho a modificar la póliza, pues está condicionada a un hecho futuro incierto, la prima que abona no se considera en ese momento de la aportación como renta del trabajo en especie (ni rendimiento de actividad económica para los profesionales).
De este modo, el mero pago de las primas por parte de la empresa no tiene ningún efecto fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del trabajador o profesional.
- Fase de consolidación del derecho
Éste es el momento crítico. Si el tomador ya no puede rescatar ni modificar beneficiarios y, por lo tanto, se han cumplido las condiciones de la póliza (no competencia, objetivos o cualesquiera otras pactadas), esa mera expectativa de la que hablábamos se materializa.
En este momento se activa el devengo y, por tanto la tributación de la renta, que la DGT califica como renta en especie para el asegurado.
Pero, ¿cómo calificamos fiscalmente esa renta? La respuesta dependerá del perfil de quien la perciba:
- Si hablamos de administradores y consejeros, la Ley es tajante: estamos ante un rendimiento del trabajo, tal y como establece el art. 17.2.e) Ley 35/2006 (Ley IRPF).
- Sin embargo, el escenario cambia si nos encontramos ante un socio profesional dado que, al ordenar medios económicos y humanos, su retribución deberá calificarse como rendimiento de actividad económica.
Asimismo, debemos responder a otra pregunta: ¿cuál es la base de valoración de esa renta en especie? La doctrina de la DGT establece que, cuando la consolidación ocurre en el futuro, el valor de mercado del derecho que aflora equivale a la provisión matemática acumulada en la fecha exacta en la que nace ese derecho cierto. Ahora bien, si el derecho cierto naciera desde el momento del pago de las primas porque no existen condiciones suspensivas, la ley establece que la valoración fiscal es el coste para el pagador; es decir, directamente al importe de las primas satisfechas.
- Fase del cobro del capital
Una vez imputada la renta retributiva inicial, el escenario fiscal cambia por completo.
Las cantidades que el beneficiario perciba a partir de ese momento del contrato de seguro nos sitúan, con carácter general, al ámbito de los rendimientos del capital mobiliario del art. 25.3 Ley 35/2006 (Ley IRPF). Y la razón de este cambio es precisamente la rentabilidad financiera que el capital contratado genera después de suscrita la póliza. Esa rentabilidad ya no tiene naturaleza retributiva, sino patrimonial, y por eso obedece a esa calificación.
Y aquí aparece en escena una cuestión delicada: cómo evitar que se produzca una doble imposición.
Pues bien, la respuesta que da la Dirección General de Tributos es coherente con la lógica del sistema. A efectos fiscales, el importe por el que el beneficiario ya tributó previamente como renta en especie se considera, en esta segunda fase, como su coste fiscal de adquisición. De este modo, al percibir la prestación derivada del contrato, el beneficiario no vuelve a tributar por aquello que ya soportó carga fiscal en la fase anterior, sino únicamente por la ganancia adicional efectivamente generada por rentabilidad acumulada por la cantidad invertida en la póliza.
- Retención
Esta cuestión viene determinada por la naturaleza fiscal de lo que se está pagando, no por quién lo paga.
En consecuencia, si lo que aflora es una renta en especie para un administrador, el ingreso a cuenta corresponde a la entidad tomadora, con el porcentaje previsto legalmente para esa clase de rendimientos. Si la prestación se paga sin que conste una imputación previa en especie, la aseguradora puede verse obligada a retener como rendimiento del trabajo. Si, en cambio, le consta esa imputación previa, la retención deberá referirse únicamente al rendimiento del capital mobiliario que se haya generado. En el caso de que el perceptor sea un socio profesional, la primera fase se desenvuelve por la lógica de las actividades profesionales y la segunda se sitúa igualmente en la tributación del capital mobiliario.
- Supuesto de fallecimiento: antes de la consolidación del derecho
Desde el punto de vista civil-económico, aunque el directivo no haya consolidado todavía su derecho sobre la parte de ahorro, la póliza puede desplegar plenamente su cobertura de fallecimiento a favor de sus herederos o beneficiarios designados.
En el plano fiscal, al ser la prestación por fallecimiento percibida por beneficiarios que son personas distintas al directivo asegurado, el cobro se desplaza de forma directa al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
- La tributación en situaciones con trascendencia internacional
En estructuras de alta dirección con fuerte movilidad internacional, poder controlar el momento exacto de la consolidación del derecho maximiza aún más la utilidad del unit linked.
Si el directivo adquiere el derecho cierto al cobro cuando ya ha dejado de ser residente fiscal en España, la tributación se desplaza al terreno del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y, por supuesto, a la letra pequeña del Convenio de Doble Imposición aplicable. La comparativa de tipos de tributación en relación con el IRPF puede rentabilizar (o no) aún más la contratación de estos productos. En cualquier caso, la negociación de las cláusulas no puede quedar al margen del posible elemento internacional en contextos de expatriación.
Asimismo, podría ser un producto muy interesante para directivos y grandes patrimonios impatriados en España y que tengan previsto estar en nuestro país solo un periodo de tiempo limitado, trasladando posteriormente su residencia a otro país.
- Exit tax
Su régimen está configurado para gravar plusvalías latentes sobre acciones o participaciones cuando el contribuyente pierde la residencia fiscal en España. Un contrato de seguro de vida unit linked no encaja, como tal, en ese supuesto típico, porque no constituye una acción o participación social. Por eso, el producto se presenta ajeno al hecho imponible específico del exit tax.
Eso sí, la inaplicación del art. 95 bis Ley 35/2006 (Ley IRPF) no elimina otros posibles efectos fiscales del cambio de residencia, ni sustituye el análisis que deba hacerse respecto del IRNR o respecto de la regla de imputación temporal de rentas pendientes.
- Breve mención a la empleadora (IS)
En sede de la compañía, la prima no equivale automáticamente a un gasto fiscal deducible desde el primer momento. Mientras la empresa siga conservando el control sobre la póliza, el análisis debe hacerse con cautela.
La deducibilidad cobra carta de naturaleza cuando la retribución queda efectivamente consumada para el beneficiario y, en paralelo, la sociedad suele reflejar en su balance tanto la posición asociada a la póliza como la obligación retributiva correlativa, ambas sujetas a su correspondiente actualización contable.
Cuando el directivo adquiere del derecho a percibir la prestación (aunque la rescate en un momento posterior) la totalidad de las aportaciones realizadas por la empleadora sí son gasto deducible en el IS.
- CONCLUSIONES
El unit linked alcanza su punto de optimización máximo cuando se consigue la perfecta sintonía entre tres vectores fundamentales:
El primero es la precisión fiscal: la posibilidad de acompasar milimétricamente el devengo del impuesto al momento exacto en el que el directivo consolida su derecho, evitando así el coste financiero que supone anticipar la tributación de la parte de ahorro.
El segundo es la flexibilidad retributiva: la capacidad insuperable de este instrumento para objetivar y blindar esquemas de permanencia, de no competencia, de cumplimiento de resultados o de cláusulas good leaver.
Y el tercero es la robustez jurídico-patrimonial: el escudo protector que la póliza activa frente a futuras reestructuraciones societarias, cambios de control o tensiones financieras de la propia compañía.
Todo ello exige una arquitectura contractual extremadamente precisa.
Debe definirse con precisión quirúrgica quién ostenta la condición de tomador, de asegurado y de beneficiario. Debe precisarse con detalle en qué condiciones exactas el tomador puede rescatar, reducir o modificar la póliza. Debe equilibrarse la interacción entre la cobertura de supervivencia y la de fallecimiento, midiendo el impacto real de la provisión matemática frente al capital en riesgo. Debe adoptarse una decisión consciente de sobre si el objetivo es diferir la tributación o consolidarla desde el primer momento. Y, por supuesto, en operaciones con dimensión internacional, debe tenerse en cuenta la posibilidad del desplazamiento de la tributación hacia el Impuesto de no Residentes, los Convenios de doble imposición, así como las fricciones derivadas de un cambio de residencia.
En definitiva, el unit linked no representa una “ventaja fiscal empaquetada” que se adquiere para uso. Todo lo contrario, es una técnica sofisticada de arquitectura retributiva. Su calidad fiscal es un reflejo exacto y directo de su calidad jurídica. Por eso, en estas operaciones, el asesoramiento legal no es un complemento comercial, ni una mera revisión ex post del producto; el rigor jurídico es la condición sine qua non para la viabilidad y máxima rentabilidad del producto y, por ende, de la retribución.
En definitiva, el seguro de vida unit linked es una herramienta extraordinariamente útil para la retribución diferida de directivos y administradores, pero guarda una lealtad absoluta a su diseño: sólo funciona cuando la póliza está impecablemente construida desde todas las especialidades concurrentes.
