Dentro del ambicioso proyecto que representa el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública están previstas importantes modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público en materia de contratación pública que, como defiende Pablo Losana, asociado sénior de nuestro Área de Derecho Público, en la colaboración con Noticias Jurídicas, que ha publicado el portal de actualidad jurídica de Aranzadi, nos sitúan ante un nuevo planteamiento legal.
Efectivamente, la praxis ha planteado la necesidad de reforzar las garantías que los procedimientos ofrecen a las empresas interesadas en contratar con la Administración pública, de tal manera que el acceso a la información y al eventual contrato público se haga en condiciones de igualdad efectiva.
El proyecto normativo supone, por muchas razones, una “apuesta firme” de nuestra Administración por la objetividad, la publicidad y la transparencia en la contratación pública: la publicidad obligatoria de las licitaciones en la Plataforma de Contratos del Sector Público, establecida ahora con carácter general; o la objetivación tanto de los criterios de valoración de las ofertas presentadas, como la necesidad de ajustar los perfiles técnicos de los propios miembros de las mesas de contratación que los valoran…entre otras medidas, son buenos ejemplos, que nos trae el análisis de Pablo Losana y que, a pesar de la incipiente situación en que se encuentra el proyecto, no dejan de representar una buena noticia.