Cuando hay abuso ni la norma interna ni la europea impiden la corrección tal y como han confirmado ambos tribunales

El Tribunal Supremo ratifica su jurisprudencia anterior –fijada a partir de sus sentencias de 23 de enero de 2019- sobre la nulidad, por abusivas, de las cláusulas que imputan al prestatario los gastos y tributos de los préstamos hipotecarios, en cuanto implican, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.

Sin embargo, más allá de la declaración de nulidad, lo importante es la aclaración de los efectos que ésta produce para el consumidor. Pues bien, en este punto, es necesario traer a colación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2020, donde se señala que «el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes», y que si estas disposiciones hacen recaer sobre el prestatario la totalidad o una parte de estos gastos, ni el art. 6.1, ni el artículo 7.1, de la Directiva 93/13 del Consejo (Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores) se oponen a que se niegue al consumidor la restitución de la parte de dichos gastos que él mismo deba soportar.

Pues bien, habilitado el tribunal nacional, en este caso nuestro Tribunal Supremo, para poder corregir las consecuencias del abuso, lo debe analizar es a quién, con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, correspondía satisfacer cada uno de los gastos –en el caso de autos AJD, gastos de notaría y de registro- y corregir el abuso, si lo hubiere. En el caso, el análisis fue el siguiente:

-Conforme a las normas vigentes a la fecha de constitución del préstamo, el principal sujeto pasivo obligado al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era el prestatario.

-Los gastos notariales generados por el otorgamiento de la escritura corresponden por mitad al prestamista y al prestatario, ya que ambos tienen la condición de “interesados” que les hacen obligados conforme al Reglamento Notarial al pago de dichos gastos -el consumidor por la obtención del préstamo y el banco por la garantía hipotecaria-.

-Los gastos del registro de la propiedad corresponden al banco, por ser la entidad a cuyo favor se inscribe la garantía hipotecaria, de acuerdo con lo establecido en el arancel de los registradores de la propiedad.

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 24 de julio de 2020, recurso n.º 1053/2018)

 

Departamento de Documentación de Garrido Abogados