El artículo mensual de nuestro presidente, Miguel Ángel Garrido Riosalido, para la revista Iuris& Lex que publica El economista está dedicado a la teoría del doble tiro y a las consecuencias que ha planteado su aplicación práctica desde su adopción, hace ya casi 10 años en sede del Tribunal Supremo.

Y es que de nuevo vuelve a marcar la actualidad jurisprudencial, con ocasión de la sentencia del Alto Tribunal de 20 de julio de 2021.

Como bien explica el autor, la teoría del doble tiro permite a la Administración volver sobre sus propios actos al reconocer que la estimación de un recurso por razón de una infracción de carácter formal, o incluso de carácter material, no impide a la Administración dictar una nueva liquidación en los términos legalmente procedentes, salvo prescripción de su derecho a liquidar.

Si bien la finalidad última de la construcción jurisprudencial es muy loable –“hacer valer la justicia material sobre un eventual resguardo procesal al que pudiera acogerse un contribuyente incumplidor”-, lo cierto es que su aplicación práctica ha derivado en una situación de indefensión material para los contribuyentes, que se ven sometidos a procedimientos de revisión interminables, critica el autor.

Sin embargo -y este es el último punto en que se encuentra nuestra jurisprudencia-, la citada sentencia de 20 de julio de 2021 ha limitado de forma sustancial la efectividad práctica de la retroacción y con ello ha erosionado esta teoría del doble tiro, no reconociendo su aplicabilidad a supuestos, como el analizado en la sentencia, en que el Tribunal, aun no apreciándose ningún tipo de defecto formal, ordenó la retroacción del procedimiento para que se subsanara la defectuosa motivación del acto de liquidación.

La retroacción tiene límites, que el Tribunal Supremo deslinda con claridad y contundencia en su pronunciamiento y que se repasan en el artículo, no siendo pudiendo ser aprovechada por la Administración para solventar defectos de orden material.

 

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