El anteproyecto de la Ley orgánica de Integridad Pública busca dar un paso más allá en la identificación de las personas que están detrás de una sociedad. En particular, si la redacción planteada termina aprobándose, permitiría a la Administración tener un conocimiento puntual y continuado de la titularidad de la participación en las sociedades mercantiles limitadas.
Así pretende conseguirse con el establecimiento de la obligación de depositar el Libro registro de socios, cada año, en el mismo plazo que las cuentas anuales, así como la de inscribir la titularidad de las participaciones y las transmisiones de todo tipo de las que sean objeto, estableciendo además el carácter constitutivo de la inscripción en el Registro Mercantil, con la consecuencia añadida de la imposibilidad de ejercitar los derechos del socio hasta que se produzca la misma.
Una norma buscada a propósito para identificar a quienes están detrás de las operaciones comerciales y, especialmente, de las contrataciones con las Administraciones Públicas, que tendrá un importante impacto sobre las sociedades de responsabilidad limitada.
Con ocasión de la publicación del anteproyecto, Augusto Llerena, Director de nuestro Departamento Mercantil- Societario, analiza para Expansión, desde un punto de vista práctico, las implicaciones que estas nuevas previsiones tendrán en el funcionamiento ordinario de este tipo de sociedades, que si bien redundarán en efectos positivos para ellas y para la propia sociedad, no debe olvidarse que les enfrentan también a situaciones de bloqueo que deberán ser evitadas a toda costa, so pena de quedar al margen del mercado por imposición legal.