Lo que se requiere mantener durante el plazo decenal a que se condiciona la reducción es el valor de lo adquirido, no la adquisición propiamente dicha

En el supuesto de autos, las herederas adquirieron un local de negocio afecto a la actividad de arrendamiento respecto del que posteriormente suscribieron un contrato de arrendamiento con opción de compra, que ejercitaron efectivamente, trasmitiendo el inmueble al arrendatario antes de que transcurriera el plazo de 10 años desde la adquisición, reinvirtiendo la cantidad obtenida por la operación en fondos de inversión, previa consulta dirigida a la DGT en ese sentido.

Como recuerda el Tribunal Supremo, el denominador común en la multitud de pronunciamientos jurisprudenciales que sobre esta reducción se han dictado hasta la fecha es el de la exigencia de la continuidad de la actividad económica y esa es la interpretación más conforme al Derecho Comunitario –la Recomendación de la Comisión Europea 94/1069/CE (Transmisión de las pequeñas y medianas empresas) apostaba porque los Estados miembros redujeran la imposición en la transmisión de la empresa familiar “siempre que se prosiga de manera creíble la actividad de la empresa durante un período mínimo”-.

Pero -sigue señalando- lo que en ninguno de los casos en los que se produce la sucesión de la empresa familiar y se tiene derecho a la reducción -tanto por adquisición de bienes y derechos de empresa o negocio profesional o por adquisición de participaciones mortis causa o por donación- se prevé legalmente es que se tenga que conservar o mantener la misma actividad, ni siquiera la conservación de los mismos activos, sino que resulta factible mantener el valor de la unidad económica.

Todo ello le conduce a considerar y fijar como jurisprudencia la de que, a efectos de aplicar la reducción del 95 por 100 en la base del Impuesto sobre Sucesiones por transmisión de una empresa familiar, no se exige mantener la misma actividad económica a la que estaba destinada dicha empresa durante el plazo de 10 años requerido en la ley sobre el citado impuesto.

Pero esta sentencia también tiene un interés añadido, que tiene que ver con el alcance al que queda sometido el Tribunal Supremo en su pronunciamiento. Excepcionalmente, nos recuerda, cuando por razones objetivas, para dilucidar la cuestión de interés casacional, o subjetivas, para la satisfacción del interés subjetivo de la parte vinculado a la cuestión casacional objetiva, sea necesario, por constituir presupuesto obligado, o consecuencia derivada, se debe entrar y resolver otras cuestiones que sin haber sido identificadas en el auto de admisión como de interés casacional objetivo, posean la referida dependencia respecto de la cuestión identificada en el auto de admisión.

Y esto es precisamente lo que sucede en este caso: la cuestión relativa a la confianza legítima que en las herederas generó la respuesta de la DGT a su consulta V1137/2007 fue obviada en la sentencia impugnada, en cuanto motivo de oposición, y no se consideró de interés casacional en el auto de admisión, pero el Tribunal considera que el examen de la concurrencia del requisito del mantenimiento de la adquisición en el plazo decenal, pasa necesariamente por dilucidar previamente las consecuencias de la consulta vinculante.

Efectivamente, los términos de la consulta resultan muy expresivos y justificaron el modo de obrar cuando se destinó la cantidad obtenida por la venta del local a su inversión en fondos de inversión. Señaló el órgano consultivo que “…en relación con el supuesto del local arrendado …, la reinversión inmediata del importe obtenido podría materializarse en cualquiera de los elementos patrimoniales que se mencionan, en tanto en cuanto pueda acreditarse el mantenimiento del valor durante el plazo legal. Por ello, en el caso de cuentas o depósitos bancarios y dado que el dinero es el bien fungible por excelencia, será preciso que exista algún tipo de inmovilización que permita la exigida acreditación, …”.

Por otra parte, la Resolución 2/1999 de la propia Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en materia de vivienda habitual y empresa familiar, a la que también hizo referencia la consulta, interpreta, a la vista del texto legal, que para los supuestos de adquisición «mortis causa» no resulta de la Ley la necesidad para el adquirente de continuar con la actividad del causante siendo suficiente con que «se mantenga el valor» de la adquisición. Siendo esto así, no planteará problema respecto del mantenimiento del derecho a la reducción practicada tanto la reinversión del importe en otra actividad económica como la colocación del mismo en una institución financiera hasta la finalización del plazo establecido por la Ley, siempre que en ambos casos pueda acreditarse fehacientemente, durante todo el plazo de diez años, el mantenimiento del valor de lo adquirido.

Recuerda el Tribunal Supremo que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 58/2003 (LGT), los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deben aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta, y siempre y cuando no se haya operado una modificación de la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso. En consecuencia, ante la contestación a la consulta V1137/2007, invertido el valor de adquisición en fondos de inversión, a la Administración le estaba vedado entrar sobre este punto para comprobar el requisito de la permanencia, pues la contribuyente se atuvo a lo señalado por la DGT y le protegía el principio de seguridad jurídica.

Por otro lado, añade finalmente, si bien la vinculación de las consultas y sus efectos previstos en el art. 89 de la LGT, en modo alguno, afecta a los Tribunales, dados los términos en los que se desarrolló el debate y tal y como se planteó en sede judicial, el Tribunal de instancia en base el principio de tutela judicial efectiva en relación con el principio de seguridad jurídica, la evidencia de la concurrencia de actos propios que cabe predicar de la actuación administrativa y la confianza jurídica generada en la contribuyente, debió de posibilitar el debate sobre esta cuestión en tanto que el problema ya no se residenciaba en primer lugar sobre la delimitación del requisito del mantenimiento, y en definitiva si debía de mantenerse o no una actividad económica o bastaba mantener el valor de adquisición, sino que trascendía el mismo para recalar en la cuestión atinente a la vinculación de las consultas –ex art. 89 de la LGT-, a los efectos de los actos propios y a la concurrencia de la confianza legítima, máxime respecto de en un tema tan controvertido como el de autos, en el que el criterio administrativo aparece absolutamente claro y aclarado.

En definitiva, los hechos objetivos, en los que cabe comprender el criterio de la Administración manifestado en numerosas consultas vinculantes y recogido en la Resolución 2/1999, con fuerza de actos propios, la propia conducta de la contribuyente que formula la consulta y adapta su actuar a la respuesta recibida, ajustando su comportamiento a los criterios vinculantes para la Administración, de donde resulta que la recurrente actuó de buena fe confiando en el proceder de la Administración, debe conllevar que su actuar venía protegido por el principio de confianza legítima y que debe tener amparo jurídico, por lo que el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad Autónoma debió ser desestimado en sede del Tribunal de instancia y, al efecto, confirmar la resolución del TEAC. Su sentencia, es en consecuencia casada y anulada por el Tribunal Supremo.

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 2.ª, de 2 de junio de 2021, recurso n.º 1478/2018)

 

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