La sociedad en estos casos no puede defender que es ajena a la situación tributaria de sus socios o partícipes y a ella se traslada la carga de la prueba que el ingreso del impuesto ya se ha producido

Se planteaba como cuestión casacional en este pronunciamiento la de si en la regularización efectuada al obligado a realizar pagos a cuenta, corresponde a la Administración tributaria justificar que el sujeto pasivo del IRPF al que se practicó dicho pago no ha tributado por la misma cantidad en su declaración de dicho impuesto, cuando la entidad pagadora tenga la consideración de ser una sociedad compuesta íntegra o mayoritariamente por miembros de una misma familia, o, en un caso como ese y dadas sus especiales circunstancias, la carga de la prueba se desplaza hacia la sociedad pagadora.

Recuérdese que la obligación de retención es una obligación autónoma de la obligación de pago del impuesto, si bien conectada a la misma, de tal modo que si se exige al pagador la retención cuando el contribuyente por el impuesto ha realizado el ingreso del mismo, puede producirse un enriquecimiento injusto a favor de la Administración tributaria.

Pues bien, de acuerdo con la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo, en principio y con carácter general, en base a la regla de la facilidad y disponibilidad de la prueba, le corresponde a la Administración tributaria justificar que el sujeto pasivo del IRPF al que se practicó un pago sometido a retención no ha tributado por la misma cantidad en su declaración de dicho impuesto. Ahora bien, esta excepción a la regla general del art. 105 Ley 58/2003 (LGT) depende de las circunstancias concretas de cada caso.

Pues bien, en un supuesto como el de autos, en el que la entidad pagadora es una sociedad compuesta íntegra o mayoritariamente por miembros de una misma familia, de acuerdo con el principio de buena fe procesal y las relaciones existentes entre los interesados, la carga de la prueba corresponde a la entidad retenedora: tal y como señala la sentencia de instancia -que el Tribunal Supremo considera conforme a Derecho-, existen elementos que impiden trasladar la regla general al caso. La demandante pretendía aplicar el régimen de sociedades patrimoniales, por lo que no practicó retención alguna sobre los dividendos repartidos entre sus socios, y su accionariado estaba íntegramente compuesto por miembros de un grupo familiar. Ello enerva la razón de que la carga probatoria recaiga sobre la Administración, por cuanto “sólo volviendo la espalda a la realidad es posible afirmar que la sociedad es ajena a la situación tributaria de los socios, estando en condiciones de acreditarla, cuando la relación socios-sociedad es en buena parte instrumental”.

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 2.ª, de 17 de noviembre de 2021, recurso n.º 4992/2020)

 

Departamento de Documentación de Garrido