Y no se trata de un error menor, sino determinante del correcto ejercicio del derecho al voto, por lo tanto susceptible de impugnación

 Efectivamente, no se trata de un error baladí por cuanto los socios se ven obligados a votar en la ignorancia sobre la documentación para decidir sobre los acuerdos sociales sometidos a su decisión.

En palabras del Tribunal Supremo: que en la convocatoria a la junta general se señalara como lugar donde estaba depositada la información uno en el que realmente no se encontraba, aunque fuera por error, no es un hecho inane, como pretende la parte recurrente, puesto que dificultó en gran medida el acceso a la documentación una vez que los socios interesados acudieron al lugar señalado y no pudieron tener acceso -puramente físico- a la información pretendida, con el resultado de que acudieron a la junta general sin haber podido examinar ningún documento.

Si a ello se une que en el propio acto de la junta tampoco se pusieron los documentos a disposición de los socios, no puede considerarse irrelevante, en los términos del art. 204.3 b) LSC, la información no suministrada, puesto que resultaba «esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación».

Y es que, en definitiva, la trascendencia de la información no depende de la actitud del socio -no es un requisito subjetivo-, sino de la exigencia legal de su suministro a los socios en función de los puntos del orden del día que se van a tratar y votar en la junta general -carácter objetivo-, siendo de competencia de la sociedad.

Por tanto,  queda fuera de valoración la posición de la sociedad en el sentido de que los socios no manifestaron interés alguno en obtener información hasta tres días antes de la celebración de la junta general y que podían haber mantenido una actitud más diligente dirigiéndose directamente a los administradores, en vez de esperar pasivamente a que llegara el momento de celebración de la junta.

Por otro lado, en el caso de autos no hubo negligencia ni abuso de derecho por parte de los socios –ocultando la información e impidiendo que la junta se celebrara legalmente- ya que, en cuanto conocieron que la documentación no estaba en la notaría, levantaron sendas actas notariales en las que dejaron constancia de dicha circunstancia, por lo que no permanecieron pasivos ni pretendieron ocultar la irregularidad para posteriormente aprovecharse de ella.

La consecuencia de todo ello no puede ser otra que la anulación de los acuerdos sociales adoptados en las juntas a que se refería la convocatoria.

 

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 5 de octubre de 2021, recurso n.º 5547/2018)

 

Departamento de Documentación de Garrido