La Universidad de Alcalá fue punto de encuentro para hablar de la imposición mínima internacional, una de las máximas preocupaciones fiscales para las empresas multinacionales, afectadas por los acuerdos adoptados en el seno de la OCDE y de la Unión Europea que vinculan a la tributación de esas empresas en España, entre otras jurisdicciones.
2026 será el primer año de cumplimiento del Impuesto Complementario y, a pocos meses de llegar la primera cita con el tributo, su delimitación sigue pendiente de determinarse definitivamente, como ha puesto de manifiesto la publicación el pasado 5 de enero de un importante paquete de medidas que incluye simplificaciones, safe harbours y una visión side-by-side, consensuado en el seno de la OCDE con el objetivo de reducir la complejidad de la obligación, simplificándola, y preservando la soberanía fiscal de los Estados en determinadas circunstancias.
Y es que, como convinieron todos los participantes en el evento, se trata de una figura impositiva absolutamente determinada por acuerdos políticos a gran nivel que está provocando una suerte de “contorsionismo jurídico”, inaudito hasta la fecha y que está generando tensión fiscal en niveles máximos.
Los profesores Manuel Lucas Durán (UAH), of counsel de Garrido, y Félix Martínez Laguna (UAM), organizadores del evento, reunieron a los mejores expertos en imposición mínima de nuestro mercado legal, ubicados tanto en el entorno de la asesoría interna de la empresa, como en la consultoría fiscal de gran nivel, así como en el entorno académico.
Raúl Fernández (Repsol), Roberta Poza (Deloitte), Diego Arribas (Cuatrecasas) analizaron junto con el propio Félix Martínez (UAM) el statu quo del Pilar II. Y los profesores Betty Andrade (UAM) y Aitor Navarro (UC3) el futuro del Pilar I.
El acto también tuvo un impacto internacional, con la participación de los profesores Rita Szudoczky (WU) y Joao Pinto Nogueira (Universidad Católica Portuguesa- IBFD) y su complemento con el análisis por el profesor Christian Pérez (UDIMA) sobre el impacto económico y fiscal de los impuestos a los servicios digitales.
Garrido, como firma implicada con la difusión del conocimiento jurídico, fue patrocinadora de la jornada en colaboración con la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF), la Comunidad de Madrid y de Castilla- La Mancha y el Ministerio de Ciencia e Innovación.