La complejidad natural de una normativa como ésta y la dispersión generada por la modificación constante y profunda de la Ley Concursal desde su origen hacían de la refundición una necesidad imperiosa

La historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas: Es difícil encontrar una ley (en referencia a la Ley 22/2003) que, en tan pocos años, haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones. Las esperanzas que había suscitado ese derecho de nueva planta, con la lógica aspiración a la estabilidad normativa, pronto se desvanecieron: desde la fecha de promulgación de esta ley, sucesivas leyes y decretos-leyes, con un ritmo acentuado en la décima legislatura, han sustituido principios y enmendado normas legales, a la vez que han constituido el cauce para la inclusión de nuevas instituciones y de nuevas soluciones.”.

Así se explica en la propia norma la necesidad de su existencia: la insuficiencia de la Ley 22/2003 (Ley concursal) para solucionar los problemas que se generaron en la vida práctica, especialmente con ocasión de la crisis económica que hemos vivido en los últimos años, y el colapso de los Tribunales que se ha producido merced a los procedimientos concursales, han obligado al Legislador a intervenir aprobando normas que cubrieran todas esas necesidades, lo que ha generado una dispersión y falta de sistematización que ha devenido en la conveniencia y la urgencia por reunir en un único texto la legislación concursal.

Pero la gestión de la labor sistematizadora de las Cortes de la que ha resultado el Texto Refundido de la Ley Concursal, que es la norma de la que en definitiva estamos hablando, no ha sido menos dificultosa, por cuanto es el resultado de la refundición de unas normas legales que han nacido en momentos distintos y han sido generadas desde concepciones no siempre coincidentes; complicada y delicada por tanto la regularización, aclaración y armonización de todas ellas bajo un mismo hilo conductor.

El Texto Refundido aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, no podía ser ni es, por tanto, la mera yuxtaposición de artículos. En efecto, y según él mismo señala, los amplios términos con que se configuró la delegación al Gobierno para su elaboración han permitido ir más allá de la simple reproducción y ordenación de las normas legales objeto de refundición, y realizar una labor de sistematización minuciosa de una normativa muy delicada ordenando un texto que las sucesivas reformas habían desordenado, redactando las proposiciones normativas para su fácil comprensión y aplicación, eliminando en especial contradicciones –e incluso duplicación de normas, o eliminación de las innecesarias–.

Asimismo, en aras de conseguir la clarificación, se ha unificado la terminología -la norma se hace coincidir con la formulación, evitando el mayor número de incertidumbres posible-, y las fórmulas legislativas más complejas se exponen con la mayor simplicidad posible –hay artículos de la Ley concursal que pasan a ser incluso capítulos en el Texto Refundido-, según se expone.

Pero con la elaboración de esta norma integradora no termina la reforma del Derecho de la insolvencia. Está pendiente la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que tiene como finalidad establecer mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia, dar una regulación más completa y coherente a los procesos de reestructuración preventiva de las deudas, simplificar el derecho concursal, aumentar la eficiencia, aligerar costes, y ampliar las posibilidades de obtención del beneficio de liberación de deudas. Pues bien, el Texto Refundido pretende ser el camino que allane ese proceso legislativo necesaria e inminente, constituyendo la base idónea para acometerlo de una mejor forma en una tarea que ya se presenta, por definición, extraordinariamente difícil, como el propio Legislador reconoce.

La nueva norma entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2020, a salvo del régimen transitorio establecido en su Disposición Transitoria Única respecto algunas cuestiones que están pendientes de desarrollo reglamentario, y que mantendrán la vigencia de determinados artículos de la Ley Concursal en tanto no tenga lugar.

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (BOE de 7 de mayo de 2020)

 

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