Nuestro presidente Miguel Ángel Garrido Riosalido dedica su colaboración mensual en la Revista Iuris & Lex que publica El economista al impacto que podría traer consigo la inconstitucionalidad contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre de 2021 -que ha declarado inconstitucional el régimen de determinación de la base imponible en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana-, en procedimientos relativos a otras figuras tributarias.
Como bien destaca, la clave de la declaración de inconstitucionalidad ha radicado en “la modificación de la doctrina sobre el principio de capacidad económica como medida de la base imponible, o dicho de otra forma, como elemento limitador de la cuantificación del tributo”.
En efecto, el Tribunal Constitucional ha modificado a través de ese pronunciamiento su doctrina, considerando que el principio de capacidad económica incide en la forma en la que se calcula la cuota tributaria de todos y cada uno de los tributos, y que no es predicable del sistema tributario en su conjunto, ni queda limitado a los impuestos que vertebran esencialmente el sistema tributario como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.
De ello se deduce, a su juicio, que incluso en el caso de tributos con finalidad primordialmente extrafiscal, en los que el principio de capacidad económica cede ante la vinculación de la tributación a la consecución de la finalidad pretendida, la modificación del criterio del Tribunal Constitucional en lo relativo a la forma en la que el principio de capacidad económica actúa como medida del tributo, puede suponer de aquí en adelante un límite constitucional susceptible de revisión, lo que puede implicar la revisión de numerosos gravámenes ya introducidos en nuestro sistema tributario, cuya potencia recaudatoria puede resultar desproporcionada respecto a la capacidad económica que someten a imposición.
Miguel Ángel Garrido argumenta sobre todo ello y sobre el papel que el Tribunal Constitucional podría llegar a desarrollar en estos nuevos procedimientos en defensa de los contribuyentes.