Los objetivos de modernización de nuestro sistema tributario, el control del fraude y la eficiencia del gasto público previamente definidos en sede del Ministerio de Hacienda serán también financiados con los fondos del Plan de Recuperación
Dentro de la décima política palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominada “Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible”, se incluyen el componente 27 ‘Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal’; el componente 28, sobre la ‘Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI’; y el componente 29, relativo a la ‘Mejora de la eficacia del gasto público’, todos ellos dentro del área de actividad del Ministerio de Hacienda y, de hecho, objetivos de actuación que ya se había marcado el propio ministerio con anterioridad, pero que la llegada de los fondos contribuirá a acelerar.
Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Componente 28
En la presentación preparada por el ministerio se recuerda que España, en la última década, ha recaudado 7,7 puntos menos en términos de PIB que la media de la Zona Euro y que es el séptimo país con menores ingresos tributarios de la Unión Europea, por lo que uno de los objetivos a conseguir es la revisión y reorientación del sistema fiscal español para que progresivamente se acerque a los estándares europeos.
El Gobierno de España está alineado con las posiciones de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o la nueva Administración estadounidense, preocupadas por las ventajas competitivas de las multinacionales y la nueva economía digital -que pueden deslocalizar beneficios-, partidarias de elevar la tributación de los beneficios y las rentas altas y las grandes fortunas, y que se inclinan a establecer un mínimo impositivo global para las sociedades.
A esos efectos, el Gobierno ha nombrado un comité de personas expertas, que revisará nuestro sistema impositivo y planteará su modernización, que pondrá un especial énfasis en el análisis de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de las figuras patrimoniales o la fiscalidad de las actividades económicas emergentes, y cuyas conclusiones deberán ser presentadas antes de febrero de 2022.
En esa línea ya se han aprobado y entrado en vigor el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, y la fiscalidad verde es otra de las prioridades -la creación de un impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y la incineración, así como el tributo que gravará los envases de plástico de un solo uso forman parte de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que está elaborando el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico-.
En lo que tiene que ver con el Impuesto de Sociedades se apuesta por una reforma enfocada a que quienes más ganan más paguen, así como una mayor coordinación a nivel global que impida las prácticas de elusión fiscal, apostando por una imposición mínima global, por ejemplo. Asimismo, otro de los objetivos es la revisión y actualización de los beneficios fiscales.
Lucha contra el fraude. Componente 27
Otra de las variables que contribuirán a la reducción de la brecha de recaudación con los otros Estados miembros de la UE es el control del fraude fiscal.
La Ley de lucha contra el fraude, ya aprobada por el Gobierno, se encuentra en la fase final de su trámite parlamentario y se prevé que entre en vigor en el segundo trimestre de este año, si bien algunas de sus medidas se harán efectivas en 2022.
Eficiencia del gasto público. Componente 29
Con el objetivo de realizar un gasto más eficiente se creará una Unidad Técnica dentro del Ministerio de Hacienda que dará seguimiento a las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que se incorporan al proceso de toma de decisiones sobre gasto y que, si bien no serán preceptivas, sí deberán justificarse las razones por las cuales se rechazan.
El Gobierno se ha comprometido también a dar un horizonte temporal más amplio al nuevo proceso de revisión y evaluación del gasto público, que será de cinco años, desligándose del ciclo político democrático y reforzándose la independencia de los trabajos.
Finalmente, se incorporan medidas para mejorar la alineación de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con la transición ecológica.