El «Impuesto de Solidaridad de las grandes fortunas» anunciado por el Gobierno genera inquietud y ha puesto en alerta a contribuyentes e inversores extranjeros -y, por extensión, a los Despachos especializados en Derecho Tributario-.
Poco ha trascendido sobre él, y difícil es valorar sin ningún texto legal a disposición, señalan al unísono. Sin embargo, en lo que sí están de acuerdo los expertos es en que, a buen seguro, traerá consigo un mayor control fiscal.
Por esa interpretación apuesta Manuel Lucas, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá (Madrid) y miembro de nuestro Consejo Asesor, preguntado al respecto por Alberto Sierra para The Objective. A su juicio, el nuevo impuesto vendrá aderezado con mayores controles fiscales a fin de probar la residencia efectiva en nuestro país, ‘acoso fiscal’ que resulta un coste indirecto que no puede ser menospreciado más allá del esfuerzo económico que pueda suponer el nuevo impuesto.
A partir de ahí dudas de inconstitucionalidad y llamada de atención sobre la inseguridad jurídica que trae consigo el nuevo impuesto, que nace con vocación de temporalidad, pero que puede ser el vehículo para el establecimiento de un importante control sobre los grandes patrimonios de nuestro país.