El 8 de abril de 2020 el DOUE publicaba una Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2018, sobre los efectos negativos que la normativa FACTA -la derivada de la ley que responde a ese acrónimo (Foreign Account Tax Compliance Act) y de los acuerdos suscritos por los Estados miembros en aplicación de la misma- supone para los ciudadanos de la Unión y, en particular, para los denominados “estadounidenses accidentales”.
Según nuestro compañero Juan Osuna, asociado senior del Departamento Fiscal, en un artículo publicado por El Economista sobre ella, la Resolución pone de manifiesto -aparte de otras cuestiones- el riesgo que para los ciudadanos de la Unión Europea supone que EE.UU. aplique una fiscalidad en función de la ciudadanía, razón por la cual solicita tanto de los Estados miembros, como de la Comisión, la adopción de medidas que permitan proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE, así como el correcto cumplimiento y transposición de las Directivas comunitarias.
Entre las peticiones del Parlamento, destaca Osuna, hay que poner especial atención en aquella en la que el Parlamento Europeo pide a todos los Estados miembros que suspendan los acuerdos de intercambio de información derivados de sus propios acuerdos FACTA hasta que EEUU revoque o renegocie la propia ley y se adhiera al Estándar Común de Comunicación de Información (ECCI) acordado en el seno de la OCDE.
La oportunidad de la publicación de la Resolución -firmada hace casi dos años- en la especial coyuntura en que nos encontramos, y ante el futuro incierto de la economía que se nos presenta, plantea numerosos interrogantes y exige prudencia en la toma de decisiones. Juan Osuna pone de manifiesto en el desarrollo su artículo las claves a tener en cuenta al respecto de todo ello.