Expansión publica la opinión técnica de nuestro of counsel Manuel Lucas sobre la reciente y polémica toma de posición del TEAC en referencia al alcance de la regularización de las operaciones de reestructuración realizadas sin motivación económica válida.
Como sucede con las estimaciones parciales de recursos y reclamaciones, la insatisfacción que genera hace más que seguro el recurso sobre ella -en este caso, más probablemente, planteado por la Administración General del Estado (previa declaración de lesividad)-, por lo que a buen seguro va a iniciarse un iter procesal que terminará ante el Tribunal Supremo -e incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante el planteamiento de cuestión prejudicial-, que nos brindará una interpretación más precisa y completa que la “doctrina” que se deriva de las resoluciones de abril de 2024.
Y es que argumentos no faltan: el quebranto del principio de seguridad jurídica y el principio de confianza legítima que deriva de la contestación favorable que los contribuyentes obtuvieron de la Dirección General de Tributos a las operaciones litigiosas, la “ventaja fiscal” que puede predicarse de una norma como el art. 21 LIS -que en realidad contempla un instrumento para evitar la doble imposición económica de distribuciones intersocietarias de beneficios-, el hecho de que la tributación del reparto de dividendos no va a dejar de tributar en sede de la persona física cuando -en sede de la sociedad que sea- se produzca, entre otros, debilitan los argumentos que condujeron a la decisión del órgano administrativo y, a buen seguro, reportarán una decisión bien distinta en el futuro próximo.
Como señala nuestro of counsel, las resoluciones del TEAC, distan mucho de ser una doctrina pacífica y definitiva.