Hoy, 15 de enero de 2020, entra en vigor la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha, con la que se pretenden establecer nuevas vías para la financiación de la cultura

Como se indica en su exposición de motivos la progresiva reducción de los recursos destinados a la cultura lleva a la mayor parte de los proyectos e instituciones del sector a intentar diversificar sus fuentes de ingresos generando nuevos retos que urge atender.

La Ley 9/2019 establece como beneficiarios de la misma a: la Administración autonómica y local de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a todas las entidades integradas en sus respectivos sectores públicos; las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas fiscalmente en estas CCAA; las universidades que desarrollen su actividad en la región, los centros de investigación y los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas de la Región y, por último, a las personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en la CCAA que de forma habitual desarrollen actividades culturales.

Se excluye de la aplicación de la norma a los beneficiarios que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social y también a los que no estén al corriente en la presentación de las cuentas, planes de actuación o presupuestos establecidos por la normativa aplicable, lo que puede afectar a sociedades mercantiles pero, sobre todo, a entidades sin ánimo de lucro. También se excluyen como beneficiarios a las personas físicas que desarrollen actividades artísticas respecto de las aportaciones que puedan recibir de familiares, parejas o entidades vinculadas.

En el Título II de la Ley 9/2019 se establece la creación de un plan de mecenazgo regional y de una Oficina de Mecenazgo Cultural que servirá para la ejecución del plan y el asesoramiento a los mecenas, a los que se concederán una serie de medidas de reconocimiento, siempre que ellos estén conformes. El funcionamiento de este órgano será fundamental, ya que va a ser el encargado de establecer el censo de personas y entidades que podrán ser receptoras de las aportaciones de los mecenas y, además, deberá emitir informe sobre la aplicación efectiva de las donaciones y bienes cedidos al desarrollo de sus actividades culturales por las personas y entidades beneficiarias del mecenazgo.

Las modalidades de mecenazgo cultural que contempla la Ley 9/2019 son: las donaciones y legados, los préstamos de uso o comodatos, y los convenios de colaboración. De entre estas figuras la que nos parece más relevante es el comodato, ya que no se exige la constitución de un derecho real de usufructo, como en la legislación estatal, favoreciendo cesiones mucho más ágiles y no sujetas a tributación indirecta. Habrá que ver qué tipo de documento auténtico es suficiente a juicio de la Administración de Castilla-La Mancha para acreditar el contrato de comodato sin necesidad de pasar por el notario.

Estas figuras de mecenazgo darán derecho a las deducciones previstas en la normativa reguladora del tributo correspondiente, lo que puede generar, a mi juicio, problemas con las donaciones efectuadas por sociedades mercantiles, ya que la normativa autonómica no puede generar derecho a la práctica de deducciones no previstas en la normativa estatal. Por tanto, las donaciones a artistas personas físicas no serían deducibles. Este apartado de la norma carece de la necesaria coordinación con la normativa tributaria estatal y puede generar problemas a algunos mecenas.

Por último, la Ley 9/2019 regula los incentivos fiscales, que son realmente novedosos, ya que consisten en la generación de un crédito fiscal como consecuencia de determinadas acciones de mecenazgo. En concreto, donaciones y convenios de colaboración efectuados a ciertas entidades y para unas finalidades determinadas, a saber:

  1. a) Las donaciones efectuadas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a las Entidades y Organismos que integran el Sector Público Regional, siempre que se destinen a la financiación de programas de gasto o actuaciones que tengan por objeto la promoción de cualquier actividad cultural.
  2. b) Las donaciones efectuadas a las Universidades con implantación en Castilla-La Mancha, a los Centros de Investigación y a los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas de Castilla-La Mancha, cuando se destinen a la financiación de programas de gasto o actuaciones que tengan por objeto actividades de investigación en materia de servicios y productos de contenido cultural.
  3. c) Las donaciones efectuadas a las universidades públicas de Castilla-La Mancha y a los centros públicos de enseñanzas artísticas superiores de la región con destino a la financiación de programas de gasto o actuaciones para el establecimiento de becas para el acceso a la educación superior en estudios relacionados con los servicios y productos de contenido cultural.

La norma parece asimilar las donaciones a la suscripción de convenios de colaboración en esta figura de mecenazgo, pero hubiera sido deseable una mejor técnica legislativa en la redacción del texto. En definitiva, parece que en los convenios de colaboración y en las donaciones se reconocerá un crédito fiscal a favor de los donantes del 25 por 100 del importe de la acción realizada.

En caso de que el crédito fiscal haya sido generado en una sociedad que forme parte de un grupo su utilización podrá llevarse a cabo por cualquier otra entidad del mismo.

Estos créditos fiscales podrán ser utilizados para satisfacer el pago de los impuestos, precios públicos y tasas, gestionados directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como del canon eólico establecido en la Ley 9/2001, de 21 de marzo por la que se crea el canon Eólico y el fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el uso racional de la Energía en Castilla-La Mancha. En definitiva, se extingue directamente cuota tributaria, es una devolución de parte del incentivo fiscal vía ahorro de coste tributario.

El plazo de vigencia del crédito fiscal será de tres años a partir de la fecha de su reconocimiento, que coincidirá con el cumplimiento efectivo de la donación o los desembolsos vinculados al convenio.

Desde luego, a mi juicio, es muy loable que las CCAA intenten mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo existentes en la obsoleta Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal del sector no lucrativo y de incentivos fiscales al mecenazgo, ya que las reformas que se introdujeron en la misma en 2015 han sido escasas y existe un consenso en la doctrina y el sector no lucrativo exigiendo una reforma en profundidad que nos acerque a otros países vecinos, como Francia, cuyo modelo ha sido seguido desde 1994 por el legislador español, aunque no en las últimas ampliaciones de sus incentivos.

No debemos olvidar que en función de dónde radique nuestro domicilio fiscal podemos tener una serie de incentivos fiscales al mecenazgo adicionales a los establecidos por el Estado.

 

José Pedreira Menéndez

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Oviedo

Consejo Asesor Garrido Abogados