La Ley del IVA, en una redacción que va más allá de los requisitos establecidos por la normativa comunitaria, impide al sujeto pasivo rectificar la base imponible del impuesto cuando la deuda es de un particular e inferior a 300 euros, lo que genera una importante contingencia para aquellas empresas que realizan múltiples operaciones pequeñas con consumidores finales y se enfrentan a elevados niveles de impago, por cuanto se les está obligando a soportar el coste económico de un impuesto que no ha sido pagado por el tercero repercutido, sin opción de recuperación fiscal.

José Pedreira Menéndez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, publica para Expansión un artículo, de marcado tono crítico, sobre esta trascendente cuestión, que está llamada, según señala, a desembocar en una reforma legislativa.

La redacción de la Directiva IVA, el principio de neutralidad y la jurisprudencia comunitaria sobre la modificación de la base imponible por créditos incobrables, que se inclina -sin perjuicio de ajustes- hacia la eliminación de las trabas formales que impiden la rectificación cuando no hay incertidumbre sobre el carácter definitivo de los mismos, casi avocan a esa modificación de la Ley 37/1992 o, en su defecto, a la aplicación por parte de nuestros tribunales de la normativa y los principios comunitarios relativos al impuesto.

No parece ir en esa línea la posición de la Administración tributaria, tal y como se deduce de la reciente doctrina del Tribunal Económico- Administrativo Central, que también repasa el autor, pero su apuesta teniendo en cuenta todos estos argumentos y el final que para las arcas del Estado han teniendo recientemente otros conflictos con el Derecho de la UE, es firme y decidida.

 

Leer el artículo