El importante número de regularizaciones por operaciones vinculadas y la trascendencia económica que se deriva de ellas tiene, inevitablemente, una traslación procedimental, hasta el punto de constituir uno de los puntos de conflicto más relevantes de la litigación tributaria de los últimos años.
Raúl de Francisco, Socio del Área Fiscal y Director de nuestro Departamento Contencioso- Tributario, ha querido aprovechar la actualidad que nos trae la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2024, para analizar una de las situaciones que resultan más preocupantes para los contribuyentes afectados: las consecuencias del desarrollo simultáneo de actuaciones sobre varias partes vinculadas y el alcance de la regularización de unas sobre otras.
Y es que como explica nuestro socio para la Revista Buen Gobierno – Iuris & Lex y RSC que publica El Economista, su derecho de defensa puede quedar seriamente comprometido.
Abogaba el Tribunal Supremo en este último pronunciamiento por la conveniencia de desarrollar actuaciones de comprobación de forma paralela cuando se han abierto expedientes de comprobación separados a las diferentes partes vinculadas, y de practicarles liquidación de una manera coordinada.
Sin embargo, esa deseable coordinación, se enfrenta a innumerables escollos procesales y de dificultad práctica, señala nuestro socio, que dificultan e impiden esa “deseable” regularización en paralelo. Y es que, normas de Derecho necesario, tales como las que atribuyen la competencia procesal, entre otras, dejan en el aire la aplicabilidad de ese desiderátum.