La inacción de nuestro Gobierno ante el requerimiento solicitado por la Comisión para modificar nuestra legislación ha derivado en denuncia ante el Tribunal Europeo
Tras más de dos años de espera desde su emplazamiento al Gobierno de España –Dictamen motivado de 15 de febrero de 2017– para que modificara su normativa interna en lo que tiene que ver con el régimen sancionador asociado al incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de la declaración de bienes en el extranjero (modelo 720) y, tras no haberse atendido el mismo, la Comisión Europea ha decidido continuar con el procedimiento por incumplimiento y llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Como bien señala la Comisión en el Comunicado emitido al efecto -ver al pie-, la falta de presentación de la declaración (o su cumplimiento tardío) y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas para infracciones similares en una situación puramente nacional, y estas sanciones incluso pueden superar el valor de los activos poseídos en el extranjero, lo que para ella puede poner en peligro todas y cada una de las libertades comunitarias, disuadiendo a empresas y particulares de invertir o circular a través de las fronteras del mercado único
Empieza por tanto el iter judicial de este asunto en el que es de esperar la férrea oposición del Gobierno español, manifestada sin ambages por nuestros gobernantes de las últimas legislaturas, de un partido y de otro, que han hecho del control sobre el patrimonio de los contribuyentes españoles fuera de nuestras fronteras uno de los estandartes de sus políticas de gobierno.
[Comunicado de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2019]
Departamento de Documentación de Garrido