¿Podría ser inconstitucional el nuevo impuesto que gravará el patrimonio neto de las grandes fortunas que pretende aprobar el Gobierno por afectar al principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas? ¿O bien por la necesidad de que una eventual modificación del statu quo de la financiación autonómica se realice a través de una modificación de la LOFCA? ¿Existen vías jurídicas para que las Comunidades Autónomas contrarresten de algún modo ese impuesto? ¿Puede ser dicho tributo contrario al principio de no confiscatoriedad? Y si se aprueba el referido impuesto en 2022, resultando exigible para dicho año, ¿puede considerarse dicha figura tributaria contraria al principio de seguridad jurídica recogido en el art. 9.3 de nuestra Constitución?.
Estas y otras cuestiones sobre el anunciado «Impuesto de Solidaridad de las grandes fortunas» de la mano de Manuel Lucas, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Madrid (Alcalá), y miembro de nuestro Consejo Asesor en una nueva colaboración con el prestigioso Blog tributario Taxlandia, de momento, gran desconocido y respecto del que, lo único que parece cierto, es que traerá consigo un significativo aumento del control tributario sobre la residencia fiscal efectiva de las personas más acaudaladas.