Nuestro of counsel Manuel Lucas opina, junto con otros expertos tributarios, sobre la nueva figura recaudatoria planteada por el Gobierno para gravar la actividad del sector bancario y energético de manera temporal y como apoyo a la situación de crisis en que nos encontramos.
El artículo publicado en El Economista y firmado por Xavier Gil Pecharromán explica las claves de la nueva “imposición” ideada entorno a la figura de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, cuyo encaje normativo se valora negativamente tanto por nuestro of counsel como por el resto de los expertos preguntados.
Y es que esta figura está estrechamente vinculada a la exacción de tarifas por entes privados que gestionan concesiones de obras o servicios públicos que puedan considerarse como esenciales (abastecimiento de agua en algunos municipios, uso de determinados viales públicos, etc.), cuyo carácter esencial les incluye en la órbita de las prestaciones patrimoniales de carácter público, de naturaleza coactiva, lo que no resulta aplicable a ninguno de los supuestos que se pretenden gravar con el nuevo proyecto normativo planteado desde el Gobierno.
“Pudiera pensarse, en principio, que la propuesta legislativa pretende eludir el principio de reserva de ley en relación con el gravamen propuesto”, señala Lucas.