Como bien es conocido, es recurrente dentro de los planes de inspección anuales la comprobación de los contribuyentes que desarrollan actividades profesionales a través de sociedades, con el objetivo de averiguar si la entidad en cuestión es o no una entidad interpuesta utilizada para remansar rentas derivadas del ejercicio de la actividad profesional de los contribuyentes personas físicas con el objetivo de tributar por ellas a un tipo impositivo más reducido.
La AEAT aplica para ello los instrumentos que para la interpretación, calificación e integración de la norma tributaria pone a su disposición la Ley General Tributaria, si bien no siempre con total acierto.
Conscientes de la importancia de esta cuestión, que puede afectar incluso a la propia viabilidad de este tipo de sociedades, Expansión publica una guía práctica preparada por Elías Horcajo, director del Departamento de Precios de Transferencia y socio de nuestro Área Fiscal en la que se repasa la casuística, el modo en que suelen llevar a cabo este tipo de regularizaciones, el régimen sancionador que llevan aparejado y, por supuesto, los medios de defensa que pueden arbitrar los contribuyentes afectados para minimizar su riesgo fiscal que, sin duda alguna, pasan por el diseño de una adecuada política de precios pactados, acompañada de una documentación comprensiva de la misma que asegure “una oposición fundamentada frente a la posible liquidación administrativa” y que elimine la posibilidad de imposición de sanciones tributarias, problema no precisamente menor en este entorno.