Como señala Manuel Lucas, miembro de nuestro Consejo Asesor en un nuevo artículo publicado por el Instituto de Derecho Local UAM, el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) recoge con amplitud de configuración por parte de los Ayuntamientos la posibilidad de establecer beneficios fiscales en materia medioambiental respecto de los impuestos locales.
Se trata de beneficios potestativos y rogados que, en muchos casos, requieren de homologación por parte de la Administración competente, y que presentan configuraciones múltiples debido a ese margen libertad que se les ha otorgado por parte del legislador estatal en la configuración general de estos impuestos.
Sin embargo, ésta es una tarea en la que aún hay un largo recorrido por hacer tanto terminando de configurar esos beneficios fiscales, como aprobando otras medidas fiscales que puedan contribuir a mayores dosis de protección ambiental.
Eliminar la “extraña” discriminación entre fuentes de energía renovables beneficiadas tributariamente -establecidas habitualmente respecto de la energía solar, en detrimento de otras fuentes no contaminantes como la eólica o la geotermia-, favorecer fiscalmente no sólo la utilización de fuentes de energía renovable, sino también las obras de eficiencia energética o determinadas construcciones (passivhäuser) -que permiten una mayor estanqueidad térmica y, por ende, un menor consumo de energía-, configurar el IBI en función de la calificación energética del inmueble, establecer un tributo que grave el acceso al centro de las grandes ciudades para así facilitar la fluidez del tráfico y reducir la contaminación atmosférica (congestion tax) y otras, son medidas a perfilar o establecer a futuros y que están en el debate sobre la tributación local medioambiental.