Nuestro socio del Área Fiscal, Antonio Revuelta, invitado por el Consejo de Comercio de CEIM para abordar la contingencia que plantea la facturación electrónica en sede de la empresa española, participó junto con representantes de las asociaciones empresariales que forman parte de la Confederación en el análisis añadido que ha supuesto la prórroga de su implementación obligatoria, ampliada por decisión del Gobierno a 2027, medida posteriormente convalidada por el Congreso y que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Todos coincidieron en que la nueva obligación, justificada por razones de mejora en el control contra el fraude fiscal, se ha planteado desconectada de la realidad del tejido empresarial español, generando una verdadera contingencia, en especial en sede de la pequeña empresa, hasta el punto de colocar en una situación límite de subsistencia a no pocos empresarios.
Planteado por todos que el momento que nos ofrece la prórroga debería ser aprovechado precisamente para mejorar la propuesta, en especial en lo relativo al ámbito subjetivo de aplicación, dejando al margen a ciertos sectores de actividad para los que la carga administrativa que supone la facturación electrónica es insostenible.
Y, como no, para mejorar los déficits técnicos que se han puesto de manifiesto en este primer intento de implantación, que deberían ser correctamente testeados con el fin de que lleguemos, un año más tarde, en una mejor situación técnica y de seguridad jurídica que aquella en la que nos encontramos.
Sin duda ninguna, tal vez sería mejor idea una implantación progresiva, que fuera refinando el sistema para que, al llegar al empresariado más débil, lo fuera en las mejores condiciones técnicas y jurídicas…aún estamos a tiempo.