La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2020 ha provocado que los representantes de la AEAT hayan manifestado en sede parlamentaria su interés en que se reforme la normativa reguladora de las entradas y registros domiciliarios a cargo de la Inspección de los Tributos.

El Poder Judicial en interpretación de la legislación vigente ha acotado las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo para alterar un derecho fundamental, y ante esta situación el Poder Ejecutivo acude al Poder Legislativo para solicitar una reforma legislativa ordinaria que le facilite continuar actuando como operaba con carácter previo a la sentencia del Poder Judicial.

Esta operativa tal vez no sea la más deseable en términos de tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos e incluso puede ser innecesaria si se realiza una lectura detenida y ponderada del pronunciamiento.

Nuestro Presidente, Don Miguel Ángel Garrido, dedica su artículo mensual en la Revista Buen Gobierno Iuris&lex y RSC, que publica El Economista, a analizar las claves que se derivan de esta situación.

 

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