Si bien los términos exactos de la declaración están aún por conocerse, el método objetivo y por tanto desvinculado de las circunstancias concurrentes con que se determina la base imponible del impuesto es inconstitucional

La Sala de prensa del Tribunal Constitucional ha anunciado mediante su nota de prensa n.º 99/2021 la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2.A) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que regula el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Los términos de la declaración que se contiene en el fallo de la sentencia dictada por el Pleno, según consta en el adelanto de su parte dispositiva que ha hecho público el propio TC, son los siguientes: “Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6”.

Pues bien, las razones que sustentaron el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad fueron las siguientes:

-Que en esos artículos se recogen como parámetros para efectuar el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana dos elementos objetivos: el valor catastral del terreno en el momento del devengo y un porcentaje anual de incremento conforme al número de anualidades en las que el contribuyente ostentó el dominio del inmueble, sin que entre ellos se encuentre el importe de la plusvalía o incremento patrimonial efectivamente obtenido por el sujeto pasivo a consecuencia de la transmisión del bien.

-Que el resultado de la base imponible que se alcanza en aplicación de tales parámetros puede dar lugar a cuotas tributarias cuyo importe consuma una parte muy significativa del incremento realmente obtenido como consecuencia de la transmisión del inmueble, método que -en opinión del TSJ de Andalucía- podría derivar en cuotas tributarias que supusieran una «carga fiscal excesiva» o exagerada para el contribuyente hasta el punto de poder incurrirse en la confiscatoriedad constitucionalmente proscrita por el artículo 31 de la Constitución Española y atentar igualmente el principio de capacidad económica recogido en dicho precepto.

Con anterioridad a este pronunciamiento, el Tribunal Constitucionalidad ya había declarado en su sentencia 126/2019 la inconstitucionalidad del artículo 107.4 del Texto Refundido, pero exclusivamente en los supuestos en los que la cuota a pagar fuera superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente y anteriormente, en su sentencia 59/2017, la inconstitucionalidad parcial de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 en la medida en que condujeran al gravamen de situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incremento de valor en los terrenos transmitidos y por cuanto impedían al contribuyente la prueba de que ello había tenido lugar.

Con este nuevo pronunciamiento se da un paso más y se declara -si bien están por conocerse los términos exactos de la declaración y por tanto el alcance de la misma- la inconstitucionalidad de los preceptos que se han señalado en la medida en que establecen un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que exige que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real del mismo.

La “determinación del alcance excesivo” de la cuota tributaria que se deriva del procedimiento legalmente establecido para la determinación de la base imponible del impuesto abre por tanto un enorme abanico de posibilidades impugnatorias para todas aquellas liquidaciones que no sean firmes, ya que la sentencia limita su alcance efectivo a la firmeza de la liquidación, como es habitual en este tipo de pronunciamientos.

No obstante, la declaración que contiene la sentencia cuenta con el voto particular concurrente tanto del Presidente Juan José González Rivas como los votos discrepantes de dos de los magistrados.

 

Departamento de Documentación y Publicaciones de Garrido Abogados