Resolver recursos es un deber legal que no permite a los poderes públicos ejecutar sin resolver; el silencio administrativo es una ficción que permite al contribuyente impugnar el acto pero no a la Administración ejecutarlo sin resolver el recurso

La batalla jurídica en esta ocasión es entre el principio de ejecutividad del acto administrativo y el derecho a la resolución del recurso.

En el caso de autos, los hechos se resumen en que el contribuyente interpuso un recurso de reposición potestativo previo a la vía económico-administrativa, sin solicitar suspensión de la deuda tributaria posteriormente apremiada por la Administración, y la cuestión casacional que se plantea al respecto es la de si transcurrido el plazo legalmente previsto para resolver el recurso de reposición dirigido contra la liquidación, sin haber recaído resolución expresa, la Administración puede iniciar el procedimiento de apremio y ejecutarla, con sustento en que la liquidación tributaria impugnada no fue suspendida.

Dicho de otro modo, la cuestión a resolver es si un acto de liquidación tributaria puede ser apremiado cuando frente a él pende de decisión expresa un recurso administrativo cuyo plazo de resolución ha sido incumplido y que, eventualmente, podría ser estimado por la Administración, invalidándolo.

Señala el Tribunal Supremo, en primer lugar, que lo mismo que hay que tener en cuenta que al interponer el recurso de reposición potestativo no se pidió la suspensión por parte del recurrente y obligado al pago de la deuda tributaria “como bien pudo hacerlo, sin que nada se lo impidiera”, no es menos importante la circunstancia de que la providencia de apremio se dictó una vez agotado el plazo de resolución del recurso de reposición y, por ende, habiendo ya nacido el acto presunto.

Pues bien, aceptar que pueda dictarse una providencia de apremio en un momento en que aún se mantiene intacto para la Administración el deber de resolver expresamente, que no cesa por el mero hecho de la pendencia de recursos contra los actos presuntos -y, por ende, eventualmente, con la posibilidad, no muy estadísticamente frecuente, de que el recurso de reposición fuera estimado, con anulación del acto impugnado en reposición- es dar carta de naturaleza a dos prácticas viciadas de la Administración y contrarias a principios constitucionales de innegable valor jurídico, como los de interdicción de la arbitrariedadart. 9.3 CE) y servicio con objetividad a los intereses generalesart. 103 CE), que no se agotan en la recaudación fiscal, sino que deben atender a la evidencia de que el primer interés general para la Administración pública es el de que la ley se cumpla y con ello los derechos de los ciudadanos.

Según el Tribunal Supremo, resulta aberrante considerar al silencio administrativo como una opción legítima de la Administración, que podría contestar o no a capricho. Y en segundo lugar considera intolerable la concepción de que el recurso de reposición es un recurso inútil, sin ninguna virtualidad ni eficacia favorable para el interesado, que sólo sirve para retrasar el acceso de los conflictos jurídicos a la tutela judicial.

Así, sigue diciendo, no se comprende bien que se apremie la deuda tributaria antes de resolverse de forma expresa el recurso de reposición que, teóricamente, podría dar al traste con el acto de cuya ejecución se trata. El mismo esfuerzo o despliegue de medios que se necesita para que la Administración dicte la providencia de apremio podría dedicarse a la tarea no tan ímproba ni irrealizable de resolver en tiempo y forma, o aun intempestivamente, el recurso de reposición, evitando así la persistente y recusable práctica del silencio negativo como alternativa u opción ilegítima al deber de resolver, apunta también.

El deber jurídico de resolver las solicitudes, reclamaciones o recursos no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos los poderes públicos, por exigencia constitucional, cuya inobservancia arrastra también el quebrantamiento del principio de buena administración, que exige que la Administración cumpla sus deberes y mandatos legales estrictos y no se ampare en su infracción para causar un innecesario perjuicio al interesado.

En aplicación de tan rotundas palabras, que no pueden más que reproducirse casi en su literalidad, el Tribunal interpreta que la Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, ya sea potestativo u obligatorio, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa. Y tal conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que el recurrente no promoviera, como le era posible, la suspensión del acto recurrido en reposición, circunstancia que sólo habría hecho más clara y evidente la necesidad de confirmar la sentencia, pues al incumplimiento del deber de resolver sobre el fondo -la licitud de la liquidación luego apremiada-, se solaparía además, haciendo la conducta aún más grave, el de soslayar el más acuciante pronunciamiento pendiente, el de índole cautelar.

(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, de 28 de mayo de 2020, recurso n.º 5751/2017)

 

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